Volkswagen Navarra, BSH Esquíroz, Liebherr, Benecke Kaliko, Kybse… Los sindicatos movieron ficha este fin de semana y, tras el shock inicial por la declaración del estado de alarma, comenzaron a solicitar cierres temporales de aquellas fábricas navarras donde, a su juicio, no está garantizada la seguridad de los trabajadores. Estas dos compañías fueron las primeras, pero en las próximas horas habrá más, según confirman fuentes de CCOO y UGT. Alegan que los trabajadores de muchas industrias no se sienten debidamente protegidos y que existe «mucho miedo» a los contagios por coronavirus.
En este sentido, UGT-FICA (Federaciones de Industria, Construcción y Agro) fue la primera organización sindical navarra en interpelar directamente al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, con un objetivo muy claro: solicitarle que compruebe si los protocolos de la industria foral “preservan de forma efectiva la salud” de los trabajadores.
Lo hizo este domingo mediante una carta firmada por su secretario general, Lorenzo Ríos, y dirigida al propio consejero, el primer miembro del Gobierno foral que ha dado positivo por coronavirus. El sindicato hizo hincapié en que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece cómo, “ante un riesgo grave e inminente para la salud de las personas”, se debe instar, “con carácter inmediato”, a la paralización total o parcial de la actividad “que pone en riesgo” a los empleados.
«El Gobierno, las administraciones, las organizaciones sindicales, las patronales y las empresas debemos velar por el cumplimiento de la ley».
“En una planta de producción, en una fábrica de mano de obra intensiva o en una cadena de montaje de coches, queda fuera de toda duda que, en algunas fases del trabajo, la interacción entre las personas no permite seguir la obligación impuesta por las autoridades sanitarias para guardar una distancia mínima de seguridad que permita evitar contagios”, advirtió el sindicato. En otros departamentos o áreas de las empresas, por el contrario, podría darse la circunstancia de que “sí se puedan poner en marcha los protocolos de las autoridades sanitarias”, así como que puedan existir “alternativas» para el teletrabajo.
“El Gobierno, las administraciones competentes, las organizaciones sindicales, las patronales y las empresas debemos velar por el cumplimiento de la ley. Porque nuestra principal obligación es garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas trabajadoras y de la sociedad en general. Donde no se pueda garantizar este derecho, en opinión de nuestra Federación Sindical, se debe paralizar ese trabajo de riesgo”, señaló.
Por estas razones, UGT reclamó al consejero que actúe “en consecuencia” y exigió su colaboración para que se dirija a la dirección de todas aquellas empresas del sector industrial “donde no exista garantía de que se puedan cumplir las obligaciones impuestas por las autoridades sanitarias”.
