El Gobierno de Navarra aprobó este miércoles un Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria, que permitirá aplicar de forma inmediata una batería de medidas fiscales dirigidas a «proteger a la ciudadanía y al tejido económico navarro ante los efectos derivados del contexto internacional actual».
En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, defendió que Navarra «ha hecho los deberes y está en disposición de aplicar de forma directa medidas que ya están beneficiando a la ciudadanía, e incluso anticiparse en algunos ámbitos».
El decreto aprobado contempla la reducción del IVA del 21 % al 10 % en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio, con un impacto estimado de 9,3 millones de euros; rebaja del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con una reducción del 10 % en el primer trimestre y del 100 % en el segundo, y un impacto de 8,4 millones; disminución del impuesto de electricidad, que pasa del 5,1 % al 0,5 % hasta el 30 de junio y supondrá unos 6,5 millones de euros de ingresos; y reducción del impuesto de hidrocarburos, con bajadas como por ejemplo de 11,4 céntimos por litro en la gasolina, 4,9 céntimos en el diésel o 7,6 céntimos en el gasóleo B, lo que implicará unos 13 millones. Así, el Ejecutivo foral estima que dichas medidas supondrán un ahorro fiscal de 37,2 millones de euros.
Asimismo, Arasti recordó que Navarra «ya venía aplicando previamente diversas deducciones fiscales, como las vinculadas a vehículos eléctricos, sistemas de recarga o energías renovables», que suponen anualmente más de 20 millones de euros menos de ingresos para la Hacienda Foral de Navarra.
Además de las medidas fiscales, Navarra gestionará directamente ayudas por un valor estimado de 10 millones de euros, destinadas especialmente al sector agrario, para compensar el coste del gasóleo; transportistas con derecho a devolución de gasóleo profesional; y otros profesionales del transporte.
A estas se suman otras líneas estatales que también se aplicarán en Navarra, dirigidas a colectivos vulnerables, industria y transición energética.
Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda avanzó la aprobación, la próxima semana, de un aplazamiento excepcional de deudas tributarias del IRPF y el IVA del primer trimestre de 2026 o de la declaración del mes de marzo, dirigido a sectores especialmente afectados. «Estas actuaciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno de Navarra a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, las medidas fiscales y ayudas ya activadas; a medio plazo, el seguimiento continuo de la situación y diseño de nuevas actuaciones en diálogo con los sectores económicos; y a largo plazo, la incorporación de medidas estructurales en la futura Ley de Medidas Tributarias para paliar los efectos de la guerra», indicó el Ejecutivo navarro. «Se trata de una batería de medidas muy técnica, muy quirúrgica, pero sobre todo muy útil para proteger a empresas, autónomos y familias navarras», incidió Arasti.
Durante su intervención, el consejero anunció que, en 2025, la Comunidad foral registró un superávit de 575 millones de euros, equivalente al 2,04 % del PIB. A ello se suma que, según el Banco de España, la región ha reducido su deuda hasta el 9,4 % del PIB, «situándose como la comunidad con menor nivel de endeudamiento del país».
LA REACCIÓN DE UPN
Sin embargo, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, calificó de «absolutamente decepcionante» la comparecencia Arasti. La líder de la formación foralista criticó que «limitarse a aprobar un decreto de armonización de las medidas tomadas por el Estado es claramente insuficiente». «El propio Gobierno había generado una gran expectativa con lo que pudiera anunciar y todos los navarros esperábamos que adoptaran de una vez medidas propias que necesitan los ciudadanos».
A este respecto, hizo hincapié en que el Gobierno de Navarra «está reaccionando tarde y mal desde que se inició este conflicto»: «Ya fue una tomadura de pelo que hace dos semanas dijeran que se limitaban a estar ‘atentos’ a lo que anunciara el Gobierno de Sánchez dos días después mientras otras regiones, como la Comunidad Autónoma Vasca, ya estaban adoptando medidas propias. Y hoy ofrecen una nueva previsión en torno al 15 de abril, a la que tampoco se han querido comprometer con claridad».
