La Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), matriz de las sociedades públicas de Gobierno de Navarra, presentó este miércoles sus cuentas anuales de 2022. Estas reflejaron un resultado operativo consolidado positivo de 44,7 millones euros antes de impuestos, amortizaciones y subvenciones (EBITDA), lo que supone un 23 % más respecto a 2021. Dicha cifra fue valorada de forma muy positiva por CPEN. «Representa los mejores resultados de la actividad de nuestra historia y reafirma la sostenibilidad financiera del sector público empresarial», afirmaron en un comunicado.
La Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), Salinas de Navarra y la filial Autopistas de Navarra realizan la mayor aportación al EBITDA. En el caso de la filial de Autopistas de Navarra no es una sociedad pública al uso de la Comunidad foral. Sin embargo, según explicaron desde la Corporación, «dado que CPEN ostenta una participación del 50 %, consolida en sus cuentas junto al resto de sociedades públicas».
CPEN ha pasado de los 68,86 millones de deuda acumulada en 2021, a los 60,97 millones de 2022, «una cifra muy ajustada respecto al volumen total de activos», según sus responsables.
A pesar de lo anterior, y tras el impacto de las amortizaciones del inmovilizado, los resultados consolidados de la corporación en 2022 fueron de 20,3 millones de euros negativos. Estos proceden, principalmente, de la pérdida de carácter contable de la operación de compraventa del Circuito de Navarra, en virtud del contrato formalizado entre la sociedad pública Nicdo y Motor Sport Vision (MSV). Dicha operación supuso un deterioro contable de las instalaciones de 31,5 millones de euros.
Por otro lado, tal y como se observa en las cuentas consolidadas del grupo, los ingresos de 2022 ascienden a 225 millones de euros, un 8 % superiores a los del año anterior. Se trata de unas entradas de capital extra procedentes principalmente del incremento de los ingresos por venta de energía eléctrica en el parque empresarial de la CAT así como de la actividad en algunas sociedades instrumentales.
SECTOR SANEADO Y EQUILIBRADO
De esta forma, en 2022 los activos consolidados del sector público empresarial de Navarra ascendieron a 871 millones de euros, financiados mayoritariamente por el patrimonio neto del grupo, que alcanza los 667 millones, y por un endeudamiento bancario de 61 millones, que representan un 7 % sobre el total de activos.
En este sentido, CPEN y sus sociedades han reducido en 2022 su endeudamiento en 7,9 millones de euros, por el efecto neto derivado, por un lado, de la cancelación de préstamos en Sodena y Nicdo. Y, por otro, del mayor endeudamiento de Nasuvinsa para desarrollar el proyecto Navarra Social Housing. La Corporación ha pasado, por todo ello, de los 68,86 millones de deuda acumulada en 2021, a los 60,97 millones de 2022, «una cifra muy ajustada respecto al volumen total de activos», apuntaron desde CPEN.
Desde CPEN consideraron que «Navarra cuenta con un sector público empresarial saneado, equilibrado y preparado para afrontar los retos venideros».
En el plano de las inversiones, se dedicaron 58,29 millones de euros a iniciativas de carácter inmobiliario y financieras para el apoyo del tejido industrial navarro, esencialmente. Según la Corporación Pública Empresarial, «estos estados financieros muestran que, Navarra cuenta con un sector público empresarial saneado, equilibrado, profesionalizado y preparado para afrontar los retos venideros como palanca de desarrollo social, económico y territorial para la Comunidad foral.
CONTRA LA TEMPORALIDAD
El Gobierno de Navarra participa, a través de CPEN, en dieciséis sociedades públicas y más de 70 sociedades con participación minoritaria. En el caso concreto de las citadas sociedad públicas, su plantilla estuvo formada en 2022 por 1.647 profesionales. De ellos, el 47 % eran mujeres frente al 53 % de hombres y el 71 % tenían contratos fijos frente a un 29% de eventuales.
A partir de ahí, el Gobierno de Navarra autorizó el pasado marzo una tasa específica habilitada con carácter extraordinario en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Por ello, se quiere reducir la eventualidad en puestos estructurales de las sociedades públicas de forma progresiva del 15,5 % en 2023, al 9,7 % en 2024 y al 6,8 % en 2025.
