jueves, 28 marzo 2024

Los taxistas navarros piden que los VTC se contraten con 12 horas de antelación

La Asociación de Taxistas ha enviado una serie de peticiones al Gobierno de Navarra para la regulación de los VTC, algo que la irrupción de estas lo consideran una “injerencia en el sector sin que haya una legislación adecuada al respecto”.


Pamplona - 25 enero, 2019 - 15:00

Kiko Asín, en representación de AITAN (Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra) y como miembro de ANTAXI (Asociación Nacional del Taxi), ha entregado ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra las peticiones para la regulación de las empresas VTC (vehículos de turismo con conductor), que diferencie el servicio privado de alquiler de vehículos con conductor del servicio público del taxi.

Para ello, ha presentado en paralelo con País Vasco, La Rioja y Cantabria, una batería de medidas que son las siguientes:

1.- Establecer una precontratación del servicio en fecha diferente a la realización del mismo con un mínimo de 12 horas de antelación, y su debida introducción en la página web de control del Ministerio de Fomento para evitar el uso fraudulento.

2.- En la precontratación se deberá incluir al menos el nombre completo de uno de los viajeros y/o datos fiscales de la empresa solicitante, así como los detalles del servicio como itinerario, duración de la disposición y precio final.

3.- La obligatoriedad de colocación en el vehículo, de manera visible, de un distintivo numerado y oficial para las VTC. La Ley del Taxi fue aprobada hace 13 años.

4.- La vuelta a la base de las VTC en caso de no existir ningún servicio ya contratado, salvo las excepciones de tareas de mantenimiento del vehículo.

5.- Prohibición de aparcar en la vía pública, en aparcamientos o garajes de cualquier tipo (salvo para la espera de un servicio ya contratado, con las condiciones del punto 1). Se entenderá que dichos vehículos están propiciando la captación cuando se encuentren estacionados en lugares próximos a paradas de Taxi, Aeropuertos, Puertos, Estaciones de Ferrocarril, de autobuses, hoteles, centros comerciales o lugares de ocio como discotecas, etc.
7.- La prohibición expresa de cualquier tipo de publicidad externa en los vehículos VTC en cualquier forma que lleve o no a interpretar paridad entre los dos servicios. Prohibición de cualquier distintivo externo a los expedidos por la DGT, Comunidad Autónoma, municipio o del propio fabricante del vehículo.6.- Prohibición de geolocalización que permita a los usuarios ubicar las VTC disponibles con carácter previo a la contratación ya que es considerado captación, así como circular por la vía pública en busca de clientes.

8.- Disposición de un mínimo de un conductor por cada vehículo integrado a régimen completo en la seguridad social.

Los taxis piden prohibir a los VTC circular por la vía pública en busca de clientes.

9.- La dirección fiscal del vehículo VTC debe situarse siempre en el territorio de concesión de la autorización.

10.- Únicamente se autorizará a vehículos con menos de dos años de antigüedad para la incorporación al servicio. Ningún vehículo con diez o más años podrá seguir prestando servicio.

11.- El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y sus agentes de movilidad, conocerán y aplicarán esta norma y cuantas normas dispongan los municipios de la Comunidad, de forma oficiosa.

12.- Cesión de las competencias a los Ayuntamientos, Mancomunidades o áreas de prestación o cualquier ente creado y que tenga las competencias municipales de transporte, para que a la postre puedan regular la licencia urbana para las autorizaciones VTC.

13.- Establecer los medios para la retirada paulatina de las concesiones VTC, hasta recuperar el ratio 1/30 establecido por la Ley. estacion-tren-pamplona-taxi1

14.- Establecer un reglamento sancionador, para las distintas infracciones cometidas, en el que se observe la retirada de la autorización por incumplir este reglamento.

Kiko Asín entiende que estas medidas servirán para diferenciar la actividad de cada licencia ante lo que considera una “injerencia en el sector sin que haya una legislación adecuada al respecto”.

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