El pleno del Parlamento de Navarra aprobó este jueves Ley Foral del impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. El impuesto salió adelante con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, UPN se abstuvo y el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita se opusieron. La normativa afectará a los períodos impositivos que se inicien a partir del 31 de diciembre de 2023.
El objetivo de la Ley Foral, impulsada por el Gobierno de Navarra, es regular el impuesto complementario en el ámbito de la Comunidad foral, en transposición de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 15 de diciembre, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión Europea.
El texto establece normas para garantizar un nivel mínimo de imposición efectiva a los grandes grupos multinacionales y los grupos exclusivamente nacionales de gran magnitud. En concreto, aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro últimos ejercicios inmediatamente anteriores.
El impuesto complementario se configura como un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava las rentas de las entidades constitutivas de un grupo multinacional o de un grupo nacional de gran magnitud, cuando radiquen en una jurisdicción con un tipo impositivo efectivo, calculado a nivel jurisdiccional, inferior al tipo impositivo mínimo (15 %). Para garantizar esa imposición efectiva mínima, el tributo se exigirá en forma de impuesto complementario nacional, impuesto complementario primario o impuesto complementario secundario.
MEDIDAS FISCALES 2026
El pleno del Parlamento también dio luz verde a Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para 2026. Uno de los principales objetivos, según recordó la Cámara foral, es «adecuar el sistema tributario a la realidad económica y social actual, introduciendo medidas que persiguen una mayor justicia fiscal, el estímulo de la actividad económica y el fomento de la responsabilidad social empresarial».
En concreto, se eleva el umbral que exime de la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta los 17.000 euros anuales. «El objetivo es avanzar en la progresividad del sistema y reducir la carga fiscal que soportan los contribuyentes de menor capacidad económica», argumenta el Gobierno de Navarra.
Además, se incrementa la cuantía de la deducción por rendimientos del trabajo para los contribuyentes con rendimientos netos inferiores a 17.500 euros y se aumenta el importe de la deducción por mínimo personal para contribuyentes cuyas rentas no superen 32.000 euros, con una incidencia más intensa en los tramos más bajos de renta. De la misma manera, el Ejecutivo foral eleva el importe de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación para complementar las pensiones más bajas hasta un importe de 15.400 euros anuales.
Asimismo, se incorporan nuevas exenciones para realidades «socialmente sensibles», como las indemnizaciones a víctimas de la talidomida y el amianto y las compensaciones económicas a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. También se establece la exención de determinadas ayudas concedidas a transportistas, con un límite de 20.000 euros.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la principal novedad es la introducción de un tipo de gravamen reducido del 25 %, frente al tipo general del 28 %, para aquellas entidades que cumplan con determinadas condiciones que reflejan un alto grado de compromiso social y laboral. Dichas condiciones son, entre otras, el mantenimiento de la plantilla, no haber aplicado un ERTE por causas económicas durante el periodo impositivo, no haber sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento acreditado de la normativa de igualdad entre mujeres y hombres.
El objetivo de esta medida es «utilizar la fiscalidad como una herramienta tractora para la consecución de fines de interés público»: «Se pretende incentivar a las empresas que no solo generan riqueza económica, sino que también contribuyen activamente a la cohesión social mediante la creación y el mantenimiento de empleo de calidad, la garantía de un entorno de trabajo seguro y la promoción de la igualdad efectiva».
