De las 58.656 viviendas protegidas que se han construido en Navarra en los últimos 35 años, el 56 % (32.387) ya han sido descalificadas como protegidas. Además, en los próximos años la cifra superará el 95 %. Este hecho se producirá porque «solo hace tres años» desde que Navarra cuenta con la calificación indefinida que garantiza la protección de las viviendas públicas.
Así lo denunció este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, quien explicó que «más del 95 % de las 58.656 viviendas protegidas con las que cuenta hoy Navarra han entrado ya o entrarán próximamente en el mercado de la especulación, gracias a esa inacción legal de la derecha porque la que se podía descalificar vivienda protegida pasados determinados años».
La vicepresidenta lamentó que «en los últimos 35 años sí se ha hecho vivienda protegida, pero no para siempre, y ese es el origen del problema con el que nos encontramos hoy en día». «Tan solo las viviendas protegidas iniciadas a partir del verano de 2022 y aquellas que ha levantado Nasuvinsa para alquiler social se van a salvar de una de las políticas más erráticas empíricamente comprobadas en materia de vivienda, que es la descalificación de la vivienda pública», añadió.
Alfaro también criticó a quienes «siguen recurriendo al actual aumento del censo de solicitantes de vivienda para llegar al simplismo de que antes se hacía mucha vivienda, obviando que las políticas de años atrás son las que han provocado el aumento de los precios y, como consecuencia de pura lógica, el aumento del censo de solicitantes».
LA SOLUCIÓN
Para revertir esta situación «insostenible», defendió la vicepresidenta, «hay que intervenir en el mercado de la vivienda en su conjunto». De ahí que justificara la aprobación el pasado junio de la nueva Ley Foral para el Derecho a la Vivienda Asequible, «que permite utilizar todas las herramientas posibles para poner coto a la situación». «El alquiler asequible es una de ellas, junto a la Declaración de zonas de Mercado Tensionado, el fomento de la Bolsa de Alquiler, el registro de grandes tenedores, la localización y puesta en el mercado de la vivienda deshabitada, el derecho de venta en superficie, la regulación de nuevos accesos a la vivienda como las viviendas colaborativas, los servicios de mediación entre propietarios e inquilinos, la creación de un Observatorio de Datos o la elaboración del Plan de Vivienda Rural o el Plan de Rehabilitación Rural».
«Soy consciente de que va a costar tiempo, pero al menos podemos decir ya que las próximas 50.000 viviendas protegidas que empezamos a construir en el verano de 2022 nunca dejarán de ser públicas y no caerán en el mercado de la especulación. Otro gallo cantaría si esas 55.000 viviendas construidas en los últimos 35 años no hubieran sido descalificadas», concluyó.
