viernes, 29 marzo 2024

Next Generation: declaración responsable contra el fraude privado

Tras la aprobación de la Orden HFP 1030/2021, que obliga a las entidades públicas a adoptar planes de medidas antifraude en el corto plazo, el autor reflexiona sobre las implicaciones que esta nueva normativa tiene sobre las empresas y personas beneficiarias de los fondos Next Generation EU. En concreto, advierte sobre la importancia de firmar una declaración responsable que garantice la posesión de "herramientas para evitar irregularidades y mejorar en su gestión de cumplimiento normativo".


Pamplona - 28 octubre, 2022 - 14:42

Jorge Arellano.

Ha transcurrido más de un año desde que la Comisión Europea aprobase el Plan español de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), por el cual se validaba el proyecto nacional para la ejecución de 69.500 millones de euros en transferencias directas y hasta 140.000 millones en créditos derivados de los fondos Next Generation EU.

Dentro del marco de ejecución del plan, y con la finalidad de mejorar el control de los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas PRTR, el Ministerio de Hacienda aprobó en fecha 29 de septiembre del año pasado la Orden HFP 1030/2021, la cual se encuentra dirigida a las entidades que integran el sector público. Entre las cuestiones recogidas por la orden –y sin perjuicio de que regule más aspectos– ha tenido mucha repercusión la obligación de que las entidades del sector público afectadas por la norma adoptaran en el plazo de noventa días los Planes de Medidas Antifraude.

Es por esto que, durante estos últimos meses, hemos visto cómo varias entidades del sector público como ayuntamientos, sociedades estatales o departamentos aprobaban y publicaban sus propios planes de prevención y lucha contra el fraude, a modo de ejemplo podemos citar los planes del Ayuntamiento de Pamplona, o del departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra, entre otros.

No obstante lo anterior, y a pesar de que parece ser menos conocido, debe tenerse presente que la orden no solo introduce obligaciones relativas a lucha contra el fraude para el sector público (entidades decisoras o ejecutoras), sino que también afecta en esta materia a todas aquellas empresas o personas que sean beneficiarias de fondos Next Generation EU. La norma establece que los perceptores de fondos deberán firmar una declaración responsable por la que aseguren disponer de normas jurídicas, éticas y morales, y que adoptarán las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en sus organizaciones.

Los beneficiarios que no firmen una declaración podrán quedar expuestos a graves consecuencias como la solicitud de reintegración de fondos o incluso la posible consideración de un delito de fraude de subvenciones.

Por ello, y como parece lógico, si el objetivo de las medidas antifraude es la de evitar que los fondos europeos sean malgastados, las entidades o personas que quieran optar a recibir ayudas o ser beneficiarios de los fondos europeos también deberán contar con instrumentos para prevenir, detectar y, en su caso, corregir estos riesgos.

Debemos advertir que esta declaración no es una mera declaración genérica de intenciones y puede ser revisada y verificada por parte de la Administración Pública. En consecuencia, todo aquel que quiera optar a las ayudas europeas, además de rellenar adecuadamente la declaración responsable presentada en el anexo, deberá asegurarse de contar con un plan de medidas antifraude o similar, que pruebe lo que se ha declarado.

Por el contrario, los beneficiarios de estos fondos que rellenen el formulario de la declaración, pero no cuenten con medidas de cumplimiento normativo y herramientas para hacer frente a las posibles acciones fraudulentas, estarán incumpliendo uno de los requisitos exigidos. Por ende, podrán quedar expuestos a graves consecuencias como la solicitud de reintegración de fondos o incluso la posible consideración de un delito de fraude de subvenciones.

Esta nueva obligación introducida para velar por el correcto uso de los fondos Next Generation EU es un ejemplo y un paso más respecto a la creciente tendencia de que tanto las entidades del sector público como del privado se doten de herramientas para evitar irregularidades y mejorar en su gestión de cumplimiento normativo. El sector público ya está o se encuentra en proceso de implementación de sistemas de prevención y lucha contra el fraude, ahora parece lógico pensar que es cuestión de tiempo para que, bien sea a través de declaración responsable o por medio de comprobación que se considere conveniente, se comience a solicitar la correspondiente (dentro de sus circunstancias) implantación de medidas contra el fraude y la corrupción en el sector privado.

Jorge Arellano
Responsable del Área de Compliance en ARPA Abogados Consultores

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