viernes, 12 agosto 2022

Más protección para las personas que informen sobre corrupción

Tras la reciente aprobación del anteproyecto de ley reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por parte del Consejo de Ministros, el autor repasa las cuestiones más relevantes del texto, susceptible a modificaciones posteriores en trámites parlamentarios. En concreto, destaca la obligación de implantar canales de denuncia para empresas de 50 o más trabajadores, la designación de la figura del responsable del Sistema de Información o la obligatoriedad de contar con un delegado de Protección de Datos, entre otras. Pero la iniciativa va más allá de la mera creación de un canal, ya que las empresas deberán establecer medidas técnicas y organizativas adicionales.

Redacción
Pamplona - 17 marzo, 2022

Jorge Arellano.

El pasado 4 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. A través de la tramitación, se ha dado un importante paso en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937, de protección al denunciante, comúnmente denominada como Directiva de Denuncias.

El objetivo de esta iniciativa es proteger a todas aquellas personas que, en el ámbito profesional, informen de casos de corrupción, fraudes o violaciones de leyes nacionales o de la Unión Europea.

Tendremos que esperar para conocer el texto final resultante para la transposición de la Directiva de Denuncias. Sin embargo, el texto del anteproyecto introduce algunas cuestiones relevantes que, a menos que sean modificadas en trámites parlamentarios siguientes, suponen una propuesta de regulación ambiciosa que necesariamente deberá tenerse en cuenta respecto a la implementación de canales de denuncia por las empresas.

La propuesta de regulación modifica y va significativamente más allá de las disposiciones mínimas contenidas en la Directiva Europea de Denuncias. Podemos destacar, a modo de ejemplo, la obligación de implantar canales de denuncia para empresas de 50 o más trabajadores (cuando la directiva otorgaba un plazo para estas empresas hasta el 17 de diciembre de 2023). También es reseñable la ampliación del ámbito material de las denuncias, no solo a las infracciones de determinadas materias del Derecho de la Unión, sino también a la normativa laboral y resto del ordenamiento jurídico, siempre y cuando se menoscabe el interés general.

“El texto del anteproyecto introduce algunas cuestiones relevantes que, a menos que sean modificadas en trámites parlamentarios siguientes, suponen una propuesta de regulación ambiciosa”.

Por otro lado, el anteproyecto introduce importantes obligaciones adicionales, como la designación de la figura del responsable del Sistema de Información, la creación de políticas y procedimientos documentados para la gestión de denuncias, el establecimiento de un plazo máximo de conservación de diez años o la obligatoriedad de contar con un delegado de Protección de Datos, entre otras cuestiones.

Ante este escenario, las empresas deberán tomar conciencia de que la iniciativa europea y nacional en materia de denuncias no se limita únicamente a imponer el establecimiento de un canal -como puede ser un correo electrónico- para comunicar irregularidades, sino que se deberán establecer medidas técnicas y organizativas adicionales. De no hacerlo, y conforme a lo que contiene el apartado relativo al régimen sancionador del anteproyecto de ley, los sujetos obligados de la norma podrían verse expuestos a sanciones de hasta 1.000.000 de euros.

Parece previsible que, una vez aprobado el anteproyecto, y más aún cuando ya ha pasado el plazo de transposición dado por el legislador europeo, en no mucho tiempo se traslade definitivamente a la legislación nacional la obligación de que las empresas con 50 o más trabajadores cuenten con canales para reportar irregularidades. Por tanto, deberemos prestar atención a la tramitación parlamentaria, en su caso, del anteproyecto anunciado, con la finalidad de que todas las organizaciones obligadas a contar con canales de denuncia se adapten adecuadamente a la futura norma nacional sobre denuncias.

Jorge Arellano
Responsable del área de Corporate Compliance en ARPA Abogados Consultores

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