El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de este miércoles un Decreto-Ley Foral, por el cual se apruebas nuevas medidas fiscales frente a las consecuencias económicas desencadenada por la guerra en Irán.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, dio cuenta de ellas en la posterior rueda de prensa. «Esta medida se suma al primer Decreto-Ley Foral, que contemplaba medidas en el ámbito fiscal y también ayudas directas a los sectores», recordó el consejero. Días después, Arasti firmó una Orden Foral que daba luz verde a una serie de aplazamientos excepcionales de deudas tributarias.
En esta ocasión, el objetivo del Ejecutivo foral es «hacer frente a los efectos de la crisis energética y de la inestabilidad de los mercados de materias primas derivados de dicho conflicto». Así, se amplía en un año el período para materializar la exención por reinversión de beneficios extraordinarios para los contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en 2026.
Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva Especial para Inversiones (REI) en el caso de los contribuyentes cuyo plazo de materialización finalice entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. «Esta medida tiene como objetivo evitar que los contribuyentes pierdan beneficios fiscales cuando se produzcan retrasos en la ejecución de las inversiones por causas ajenas a su voluntad», defendió Arasti. Sería el caso, por ejemplo, de la ruptura de cadenas de suministro o del encarecimiento de bienes de equipo.
Por otro lado, se aprobó una medida que afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): la deducción por la realización de obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas a lo largo de este año. Al mismo tiempo, se amplía el plazo para llevar a cabo obras que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción y refrigeración.
Respecto a los Certificados de Ahorro Energético, se aplicará una exención en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). «Se elimina así el coste fiscal, en este impuesto, asociado a la transmisión de estos certificados, que son claves para canalizar fondos hacia proyectos de ahorro energético y dinamizar el mercado de la eficiencia energética», agregó el Ejecutivo foral.
CRÍTICAS DE UPN
Tras conocerse el contenido del Decreto-Ley Foral, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, criticó que las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno foral «son raquíticas», de «impacto limitado» y «se vuelven a quedar muy cortas».
«Siguen sin ayudar a quienes más lo necesitan y a los sectores económicos más perjudicados. Perdemos una semana más a la hora de activar las medidas necesarias y suficientes para hacer frente a la difícil coyuntura económica». lamentó.













