El Círculo de Empresarios presentó este jueves un documento en el que destacó la oportunidad que representa la transición energética y la descarbonización para impulsar la inversión, la innovación, el crecimiento, la creación de empleo y el bienestar. Así se recoge en el documento ‘Transición energética para un futuro sostenible: retos y oportunidades’, presentado por el presidente del Círculo, John de Zulueta, y la presidenta del Grupo de Energía y Medio Ambiente, Teresa Rasero, presidenta de Air Liquide España. Este grupo incluye a representantes de prácticamente todos los sectores empresariales implicados.
Esta misma semana, el Gobierno central hizo pública una declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, comprometiéndose a adoptar treinta líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días, para combatir el cambio climático con políticas transversales. Según informó el Círculo en un comunicado, sus aportaciones pueden resultar «muy útiles» para poner en marcha medidas que afectan a todos los ciudadanos.
El marco regulatorio, según el Círculo, debe combinarse con un diseño institucional, que garantice el respeto a criterios técnicos y económicos independientes del ciclo político.
El Círculo considera que se debe desarrollar un marco regulatorio que combine estabilidad y visión a largo plazo con un diseño institucional, que garantice el respeto a unos criterios técnicos y económicos independientes del ciclo político. Propone en este sentido una fiscalidad energética y medioambiental alineada con las políticas y directivas europeas, cuyo objetivo no sea meramente recaudatorio, sino el de impulsar la competitividad, la sostenibilidad, la innovación, la inversión y el empleo de la economía española. Para ello «debe fomentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones y promover una transición competitiva y justa».
En resumen, cree que para lograr una transición energética equilibrada y competitiva es necesaria una «estrategia de país consensuada con visión de largo plazo y neutral desde el punto de vista tecnológico». Y así, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe garantizar «los principios de buena gobernanza y colaboración institucional, estabilidad y seguridad regulatoria, transparencia y competitividad, eficiencia fiscal y fomento de la innovación tecnológica».
Es clave en este sentido la cooperación entre todos los ámbitos implicados (político, institucional, empresarial, inversor y social) para establecer un marco regulatorio estable y una hoja de ruta que transmitan seguridad y previsibilidad, elementos esenciales para fortalecer la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la economía española.
