El trabajo se acumula para los abogados de empresa, laboralistas, asesorías fiscales y graduados sociales, a los que estos días acuden en busca de soluciones empresarios, comerciantes, trabajadores autónomos y particulares afectados de una u otra forma por las medidas adoptadas para intentar controlar la pandemia generada por el coronavirus. Unas medidas que a nivel regional, según indicaban a NavarraCapital.es algunos empresarios y representantes de organizaciones y asociaciones tras el discurso de la presidenta María Chivite, requieren de más concreción.
Algo parecido les sucede en el plano técnico a quienes tienen que asesorar a los afectados, que tratan de resolver los urgentes trámites de sus clientes, pero se encuentran con una normativa nacional y foral que cambia de un día para otro y que aún debe desarrollarse, lo que complica enormemente su trabajo.
Arpa Abogados: “Asesoramos con la normativa anterior y la que va saliendo, y aún hay incógnitas que resolver”.
Usando, en general, herramientas de teletrabajo a las que además no están acostumbrados, tratan de dar respuesta al aluvión de consultas que las compañías les plantean en el área laboral sobre tramitación de ERE y ERTE, alternativas como dar vacaciones a la plantilla, reducciones de jornada, suspensiones de contratos, etc. Los despachos de abogados y asesorías han reforzado sus áreas laborales para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, lo que no resulta fácil “porque asesoramos con la normativa que había antes, pero también con la que va saliendo y, a pesar de eso, aún hay incógnitas que resolver”, destacan desde distintos despachos de abogados consultados, entre los que se encuentra Arpa Consultores.
Además del área laboral hay otras, como la jurídica o la administrativa, que también experimentan importantes recargas de trabajo. Porque son a las que se dirigen las empresas para saber, por ejemplo, qué puede ocurrirles en el caso de incumplimiento de un contrato, aunque sea por causas de fuerza mayor, o las consecuencias que puede tener la suspensión de contratos de prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. “Estamos viendo algunos asuntos a los que no nos habíamos tenido que enfrentar hasta ahora. Eso te obliga a revisar leyes y normas porque no hay precedentes o no los conocemos”, expone un conocido abogado laboralista de Pamplona que reconoce apoyarse en otros colegas -y viceversa- cuando se encuentran ante alguno de esos casos.
El actual volumen de trabajo aún se incrementará en los próximos días, cuando se concreten más las ayudas económicas, avales, créditos, etc. previstas por el Gobierno central y el de Navarra, incluidas medidas fiscales como los aplazamientos del pago de impuestos o plazos que se alargan, con su correspondiente reglamento para tramitarlas. Entonces será el momento de informar sobre cuáles son las que pueden solicitarse y en qué condiciones. “Vivimos un poco al día en cuanto a la normativa que va aprobándose”, admiten abogados y asesores, que temen dar pasos en falso al utilizar textos legales que pueden ser modificados en un breve plazo de tiempo.
GRADUADOS SOCIALES
Por su parte, David Delgado, presidente del Colegio de Graduados Sociales y socio del despacho Pérez Delgado Asesores, señala que hay una gran preocupación en todas las empresas, unas porque deben parar su actividad, otras porque les afecta el cierre de sus proveedores y otras por ser establecimientos de cara al público. “Estamos desbordados atendiendo a las múltiples llamadas de empresas que no saben cómo abordar los trámites para presentar ERTE. Desde el domingo, los despachos estamos trabajando intensamente, algunos en régimen de teletrabajo, atendiendo llamadas de clientes, estudiando la normativa que va saliendo e informaciones que nos van llegando. Pero pedimos, ante todo, cautela. De momento, hay un total escepticismo y muchas dudas que aún no se han resuelto por parte del Gobierno central”, apunta.
David Delgado: “Hay un total escepticismo y muchas dudas que aún no se han resuelto por parte del Gobierno central”.
Delgado muestra su “preocupación e inseguridad jurídica” respecto al Real Decreto. Y pone ejemplos concretos sobre los interrogantes para los que necesitan respuestas: “El artículo 22 habla de aquellas empresas que presenten un ERTE por fuerza mayor por causa directa del Covid-19 y el artículo 23 habla de aquellas que realicen ERTE por causas organizativas, organizativas, de producción o económicas relacionadas con el Covid-19. ¿Cuál es esa diferencia? Todo es causa del Covid-19. Esto genera grandes dudas a la hora de que modalidad de ERTE se debe aplicar. Además, la disposición sexta vincula la aplicación de las medidas al mantenimiento de plantilla durante seis meses, sin entrar a especificar las consecuencias desfavorables en el caso de incumplimiento”.
Elena Catalán, miembro de la Junta del Colegio de Graduados Sociales y socia del Despacho Profesional Catalán Ramos, apunta que están a la espera de que el Gobierno central y navarro acuerden medidas más técnicas y precisas para flexibilizar los trámites para formalizar los ERTE. “Es verdad que el Gobierno de Navarra ha anunciado que se podrán tramitar ERTE por fuerza mayor en aquellas empresas que realizan las actividades expuestas en el Real Decreto y que están obligadas a cerrar. Pero estamos a la espera a ver qué pasa con aquellas que realizan otro tipo de actividad, puesto que muchas se verán abocadas igualmente a realizar ERTE si esta situación se alarga”.
Elena Catalán: “Las empresas se verán abocadas a tener que hacer ERTE, unas en el minuto uno y otras dentro de unos días”.
Elena Catalán vaticina que las compañías que permanecer abiertas terminarán reduciendo contratos o cerrando temporalmente por falta de clientes o de suministros: “Y esto es muy importante porque son diferentes los trámites que hay que hacer si el ERTE se realiza por fuerza mayor o por causas organizativas, de producción o económicas. Por nuestra experiencia hasta hoy, la mayoría de las empresas incluidas en el Real Decreto están llevando a cabo ERTE. Algunas están dando vacaciones o tomando medidas de flexibilización interna, pero todas se verán abocadas a tener que hacer ERTE, unas en el minuto uno y otras dentro de unos días.“
El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 establece la suspensión de las actividades judiciales junto a los plazos procesales, administrativos y de prescripción y caducidad. Pero esas circunstancias no influyen a la hora de tramitar los expedientes laborales porque su autorización corresponde a la Administración de la Comunidad foral, que se espera que agilice los plazos para la tramitación al considerarlos causa de fuerza mayor.
ASESORÍAS
Imel Consultores, que asesora en temas relacionados con las áreas laboral, contable, fiscal y mercantil, ha redistribuido sus recursos humanos para poder hacer frente a la avalancha de consultas que les llegan desde que se hizo público el Real Decreto, según su socia-directora Inma Rodríguez. Dado que se van a prorrogar los plazos de presentación de las declaraciones trimestrales de impuestos, y como se han suspendido la mayoría de los procesos administrativos, “es el departamento laboral el que tiene una sobrecarga de trabajo porque el cambio normativo se produce de un día para otro y quienes han tenido que cerrar sus empresas o negocios están presentando ERTE, que vamos preparando sin saber si mañana vas a tener que hacer cambios como ya nos ha ocurrido”. Para hacer frente a las necesidades de los clientes, cuenta con el apoyo del departamento contable “dando así prioridad a que salgan todos los procesos laborales”.
Inma Rodríguez: “Estamos presentando ERTE que vamos preparando sin saber si mañana vas a tener que hacer cambios, como ya nos ha ocurrido”.
Inma Rodríguez apunta que en cuanto concluyen las ruedas de prensa de las autoridades, empieza a recibir llamadas “de gente que a menudo no se da cuenta de que hasta que no aparecen publicadas las medidas en los boletines oficiales, tenemos la misma información que ellos”.
Es decir, “para dar una respuesta antes tenemos que analizar la normativa y por eso tenemos que decirles: con la normativa a día de hoy las cosas están así, mañana no sabemos. Eso supone una incertidumbre total y una multiplicación de las consultas”.
Además, aunque se aprueben las normas “aún deben desarrollarse, por lo que hasta que eso suceda tenemos que acudir a la última normativa desarrollada”. Eso es lo que está sucediendo, según ella, con los autónomosque están llamándola por el cese de actividad: “Han dicho que se va a poder pedir la correspondiente prestación, pero si no nos dicen cómo nos tenemos que ir a la tenemos ahora, que mañana es posible que no sirva. En definitiva, tenemos sobrecarga porque tenemos que presentar lo antes posible las solicitudes de ERTE y porque este vivir al día en cuanto a normativa nos está dificultando el trabajo”, remata la representante de Imel Consultores.
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