La comisión de seguimiento sobre la crisis del coronavirus celebró este viernes su segunda sesión de trabajo. Lo hizo a través de una videoconferencia, a la que se conectaron, por parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero, Javier Remírez; el vicepresidente segundo, José María Aierdi;la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; y la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi. Por los agentes económicos y sociales, intervinieron Manuel Piquer y Carlos Fernández Valdivielso (CEN), Ignacio Ugalde (CEPES Navarra), Jesús Santos (UGT), Chechu Rodríguez (CCOO), Imanol Pascual (ELA) e Imanol Karrera (LAB).
Durante la sesión, volvieron a actualizarse las cifras de expedientes de regulación de empleo presentados hasta la fecha. Y trascendió un dato importante: el 95 % de los 4.128 solicitados (504 más que este jueves) son ERTE por fuerza mayor. Precisamente, los supuestos aceptados bajo esta modalidad son los que mayores quebraderos de cabeza están generando a empresas y asesorías laborales (solo uno de los expedientes es por extinción de empleo).
De modo que el 11 % de las 37.455 compañías registradas el año pasado en la Comunidad foral ya han dado el paso de pedir un ERTE de esta naturaleza. Y según explicó en rueda de prensa el propio Aierdi, hasta ahora se han registrado unos 1.250 de los 4.128, que engloban a su vez a unos 20.000 trabajadores. Para estas labores, el Gobierno foral ha reforzado su estructura con veinte nuevos técnicos.
El Gobierno foral espera que el ERTE por fuerza mayor de VW Navarra entre en vigor la semana que viene.
Entre los afectados figuran los más de 4.800 trabajadores de VW Navarra, que ya ha presentado su ERTE de fuerza mayor. En este sentido, el Ejecutivo foral ha comprobado «que las causas alegadas cumplen los requisitos para acogerse a la fuerza mayor». Así que este expediente «previsiblemente se aceptará», con el fin de que entre en vigor la próxima semana.
De los 1.250 expedientes registrados, se han resuelto ya favorablemente alrededor de 800 solicitudes, que comprenden a 12.565 trabajadores y trabajadoras. Un total de 972 se pidieron entre los días 17, 18 y 19 de marzo, precisamente para acogerse al Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, pero unos 130 se cursaron antes. Estos, al no haber entrado en vigor el estado de alarma, se tramitaron por la forma ordinaria, de modo que el «informe del Ministerio de Trabajo era entonces preceptivo». Y las peticiones fueron denegadas. De ahí que el Gobierno navarro esté «buscando soluciones» para esos casos.
130 ERTE de fuerza mayor fueron solicitados antes del estado de alarma, de modo que el «informe del Ministerio de Trabajo era entonces preceptivo». Y las peticiones fueron denegadas.
Ese es uno de los motivos, como ya explicó NavarraCapital.es, que ayuda a entender por qué “muchas peticiones” de ERTE por fuerza mayor, según distintas asesorías laborales, “no se han aceptado por el momento” (en los casos de fuerza mayor, las empresas están exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social cuando tienen menos de 50 trabajadores y, para más de 50, la exoneración es del 75 %, mientras que en los ERTE puramente productivos deben abonar el 100 %).
Además, hay que tener en cuenta que los supuestos aceptados en este instante por Navarra como fuerza mayor son el cierre obligado por las autoridades, la falta de suministros que impidan la actividad, la pérdida de esta como consecuencia del Covid-19, las limitaciones por restricciones en la movilidad y el transporte, así como el contagio o aislamiento decretado por la autoridades sanitarias. Y en este punto también surgen discrepancias, ya que hay compañías que están tratando de tramitar ERTE por fuerza mayor, «a pesar de que desde el Ejecutivo entienden que son productivos».
No obstante, el vicepresidente segundo subrayó que las autoridades forales están aplicando «un criterio flexible y abierto y de la manera más ágil posible» para «garantizar el mantenimiento del empleo», que en estos momentos «es la principal prioridad junto a la respuesta sanitaria». Pero en este punto precisó, y ahí anida un matiz importante, que las solicitudes aceptadas son aquellas que se centran «en los supuestos vinculados directamente con la inactividad atribuida a la crisis del Covid-19».
REACCIONES DE LOS PARTICIPANTES
Mientras desde la CEN declinaron hacer valoraciones, Ignacio Ugalde, presidente de CEPES Navarra, reconoció en primer lugar “el esfuerzo y trabajo que está haciendo todo el personal” encargado de tramitar los expedientes. Según indicó a este medio, la sesión clarificó algunas dudas sobre los casos de fuerza mayor.
Ignacio Ugalde: «Con respecto a los ERTE de fuerza mayor, el Ejecutivo foral ha dicho que mantendrá los mismos criterios de ahora».
“Con respecto a los ERTE de fuerza mayor, el Ejecutivo foral ha dicho que seguirá llevando a cabo la operativa de ahora, que mantendrá los mismos criterios”, Eso significa que, en principio, no se ampliará el abanico.
Chechu Rodríguez, secretario general de CCOO en Navarra, corroboró que los agentes económicos y sociales mostraron sus dudas acerca de “cómo se están resolviendo por los ERTE de fuerza mayor y en qué tipo de expedientes productivos se piden informes a la Inspección de Trabajo”. Dudas que también se extendieron “a la seguridad de los trabajadores que continúan manteniendo la actividad, fundamentalmente en aquellos sectores que no son estratégicos”.
El sindicato también solicitó que se vigile la causalidad de algunos expedientes porque entiende que no todos los empresarios lo están llevando a cabo «por la vía más sincera». «No digo que todos lo hagan mal, pero aquí, como en todos los órdenes de la vida, hay de todo», señaló. Con respecto a las compañías que tienen suscritos contratos públicos, que a su juicio pueden mantener el equilibrio económico, «habría que impedirles presentar ERTE». Y los servicios de prevención deberían tener reconocimiento «de empresas esenciales», por lo que tampoco cabría «que presenten expedientes y cierres de actividad».
Chechu Rodríguez: «Empresas de contratación temporal parece que han tomado la decisión conjunta de anular todos los contratos de sus trabajadores y trabajadoras».
Pero aún fue más allá y desveló un problema desconocido hasta ahora y que, de confirmarse, resultaría muy preocupante: «Empresas de contratación temporal parece que han tomado la decisión conjunta de anular todos los contratos de sus trabajadores y trabajadoras. Hay que estar muy pendientes y revisar cada uno de esos despidos porque, de lo que conocemos, serán despidos improcedentes».
Para él, es muy importante que, una vez pase la crisis sanitaria, el sistema garantice «que esos trabajadores vuelven a sus puestos» de trabajo: «No olvidemos que, después de la crisis, habrá una oleada de ERE, es decir, habrá empresas a las que les cueste salir de la situación actual».
Por último, Jesús Santos, secretario general de UGT Navarra, quiso transmitir el “total apoyo” de su sindicato a la presidenta María Chivite y a las iniciativas que está adoptando para aliviar la situación de empresas, autónomos, trabajadores y sectores sociales con mayores dificultades, al tiempo que le solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Diálogo Social con un fin muy concreto: analizar el impacto que está teniendo la situación de alarma por el Covid-19 sobre el tejido productivo y el empleo, así como adoptar las medidas necesarias “para reducir los daños todo lo posible y sentar las bases de una rápida recuperación”.
Santos hizo hincapié en que las decisiones adoptadas hasta ahora en las áreas económica, fiscal, laboral y social “están bien encaminadas” para responder a las necesidades que acucian a las compañías, los trabajadores, los autónomos y los colectivos sociales más vulnerables.
Jesús Santos: «UGT considera fundamentales las medidas adoptadas en materia fiscal, ya que contribuyen a la supervivencia de un tejido empresarial imprescindible».
“UGT considera fundamentales las medidas adoptadas en materia fiscal como la ampliación, suspensión o prórroga de plazos relacionados el IVA y el IRPF y el aplazamiento de deudas tributarias de autónomos y pequeñas empresas, ya que contribuyen a la supervivencia de un tejido empresarial imprescindible para impulsar la economía en cuanto pase esta crisis”.
De la misma forma, respaldó “sin matices” las decisiones adoptadas por el Gobierno foral en materia de vivienda social, especialmente las relativas a la moratoria en el pago de viviendas de alquiler social.
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