La responsabilidad penal de las empresas agroalimentarias constituye otra de las áreas críticas que deben saber gestionar sus responsables dentro de un sector ya de por sí muy regulado. Dichos gestores deben disponer, en concreto, de las habilidades, los conocimientos y las herramientas necesarias para saber gestionar esta cuestión tan delicada en la medida que su incumplimiento puede acarrear desde una simple amonestación administrativa hasta poner en riesgo la propia existencia de la empresa.
El compliance se plantea, en ese sentido, como uno de esos instrumentos imprescindibles para evitar o, en la medida de lo posible, mitigar esas consecuencias. Además, motivó al despacho BSK Legal & Fiscal a organizar este miércoles la jornada ‘Del campo a la Mesa. El papel del compliance penal en la cadena agroalimentaria’. Una cita celebrada con la colaboración de la Asociación Empresa Ribera (AER) y el Clúster Agroalimentario de Navarra (NAGRIFOOD) y que logró reunir a una nutrida representación del sector en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
Ante dicho auditorio, Javier Rodríguez y Marta Beortegui, responsable y abogada, respectivamente, del Departamento Corporate Compliance de BSK Legal & Fiscal, abordaron los pasos que debe dar una compañía agroalimentaria para implantar un programa eficaz de cumplimiento legal. En ese sentido, Rodríguez defendió que «el compliance no trata de burocratizar sino de proteger la competitividad del sector». Y, advirtió, además, de que «el riesgo penal no es ya una hipótesis lejana. Cualquier empresa del sector puede verse afectada si no tiene mecanismos adecuados de prevención».
Javier Rodríguez (BSK): «La propiedad y los directivos tienen que dar ejemplo para que los trabajadores perciban que el cumplimiento no es una carga»
Beortegui, por su parte, repasó los hitos que han marcado su desarrollo normativo. De esta forma, mencionó la incorporación por primera vez en la legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Artículo 31.bis del Código Penal) en el año 2010. También se refirió a la reforma del 2015 que permite a las organizaciones que cuenten con protocolos de prevención eficaces quedar exoneradas. E, igualmente, mencionó la reciente Ley 2/2023 que obliga a todas las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno o canal de denuncias para comunicar irregularidades. Una reglamentación «que ha venido para quedarse», aseguró Beortegui.
UN TRAJE A MEDIDA
A partir de ahí, tras exponer con casos reales algunas de las consecuencias que ha supuesto para empresas agroalimentarias el incumplimiento de la actual legislación, los abogados de BSK enumeraron los elementos esenciales que, en su opinión, define un compliance penal «bien diseñado». De esta forma mencionaron la necesidad de dotarse de un código ético o de conducta que recoja los valores de la empresa; un canal de denuncias fiable y confidencial; o el desarrollo de acciones de formación y concienciación. «La propiedad y los directivos tienen que dar ejemplo para que los trabajadores perciban que el cumplimiento no es una carga, sino una forma de hacer bien las cosas», opinó Rodríguez.
Para Marta Beortegui, el ‘compliance’ «es una exigencia que alcanza de lleno a las pymes agroalimentarias».
Siguiendo esa misma línea también plantearon la necesidad de establecer un órgano colegiado de supervisión a cuyo frente debe situarse personal «con conocimiento de la empresa» así como un régimen disciplinario que asegure y dote al sistema de coherencia. En resumen, «todo programa debe adaptarse a la realidad de cada organización», puntualizó Marta Beortegui porque «el compliance es como un traje a medida: si te lo prestan o lo copias, probablemente no te servirá», completó su compañero en BSK Legal & Fiscal.
EXPERIENCIAS DESDE EL SECTOR
La jornada se completo, por otro lado, con una mesa de debate en la que participaron Lara Sánchez (Florette Ibérica), Carmen Rodríguez (Timac Agro) y José Miguel Cebellán (Tutti Pasta), quienes compartieron su experiencia en la implantación práctica de los programas de compliance en sus organizaciones.
Sánchez explicó que en Florette cuentan con un programa «maduro», fruto de años de trabajo, aunque reconoció que requiere una mejora constante. Subrayó la importancia de la implicación de la alta dirección desde el inicio para que el programa deje de ser «un papel» y se convierta en una realidad. También destacó como elementos clave la formación y la comunicación interna para que el cumplimiento «no se perciba como algo ajeno, sino como una forma natural de hacer las cosas».
Desde Timac Agro, Carmen Rodríguez coincidió en que el compliance es un proceso vivo que necesita revisión y adaptación permanente. Detalló que su compañía se encuentra en plena actualización de su canal ético, que buscan hacer más accesible, garantizando el anonimato y la confianza de los empleados. «Queremos que la gente lo sienta cercano y que vea que sirve para mejorar la organización, no para fiscalizarla», explicó. Además, recalcó que el cumplimiento es una pieza clave dentro de la gobernanza corporativa y la sostenibilidad empresarial, al transmitir confianza tanto al mercado como a la administración.
Para los participantes, anticiparse a los riesgos legales permite proteger mejor la reputación empresarial.
Por su parte, José Miguel Cebellán, de Tutti Pasta, aportó la visión de una pyme agroalimentaria. Contó cómo comenzaron elaborando un código ético y posteriormente implantaron un canal de denuncias con el impulso de la dirección. Admitió que aún existe cierto escepticismo entre parte del personal, pero insistió en la necesidad de «normalizar» estas herramientas y entenderlas como una vía para reforzar la transparencia y la confianza interna. «No se trata de señalar a nadie, sino de construir una empresa más segura y responsable», afirmó.
Entre los tres ponentes coincidieron en que el compliance supone un ejercicio de madurez empresarial, que impulsa la transparencia, mejora la reputación y fortalece la competitividad del sector agroalimentario.
TRES OPINIONES MÁS
En la sesión también participó la gerente de NAGRIFOOD, Sandra Aguirre, quien recordó que el cumplimiento normativo «es un tema que, aunque inquieta a la industria, resguarda la competitividad y la imagen de las empresas hacia el exterior». Del mismo modo, Ramón Solorzano, socio de BSK Legal & Fiscal, estimó que el compliance «se ha convertido en un instrumento esencial para evitar infracciones y delitos». «Si no se pueden prevenir al cien por cien, al menos supone poner todos los medios para impedirlos o, al menos, asegura reaccionar con eficacia cuando se materialicen», añadió.
Finalmente, en la clausura del encuentro, el presidente de la Asociación Empresa Ribera (AER), Rafael Loscos, agradeció la implicación de los asistentes y los organizadores en una jornada «de alto nivel técnico» que, a su juicio, permitió «acercar con claridad y sencillez un tema tan complejo». Loscos valoró que este tipo de iniciativas representan «un paso más que las empresas deben dar» para cumplir con la normativa y, sobre todo, para evitar riesgos innecesarios. «Si las compañías apostamos por la integridad, también proyectamos hacia el exterior una imagen de confianza y oportunidad», expresó.
