Apenas tres días después de que la consejera Elma Saiz pronosticara un desplome de los ingresos tributarios de este año, cifrado en 818,8 millones de euros (-20,2 %), el Gobierno foral publicó este viernes un comunicado oficial, que iniciaba con la siguiente reflexión: “Navarra podría ingresar hasta 45 millones de euros anuales, con carácter finalista, si implanta peaje a vehículos pesados en vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68)“.
Según el Ejecutivo, se trata de una alternativa que en los próximos años permitiría financiar “obras urgentes como la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz”; la conversion de la N-121-A “en una vía 2+1”; y el mantenimiento de estas cinco carreteras.
Una empresa pública se encargaría de la gestión de estas cinco vías de alta capacidad, ubicándose fuera del perímetro de consolidación del sector público, es decir, “que sus actuaciones no computarían ni como déficit ni como endeudamiento de la Administración Foral”.
Bernardo Ciriza: “Esta alternativa de financiación es una opción muy extendida en muchos países europeos, bajo los principios de ‘quien contamina paga’ y ‘quien usa paga'”.
De hecho, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ya está compartiendo esta propuesta con representantes de los diferentes grupos parlamentarios y de la Cámara de Comptos, “a los que ha convocado a diferentes reuniones debido a la epidemia del Covid-19”, en el marco de la Mesa de Trabajo de financiación de carreteras y otras infraestructuras viarias.
“Es una propuesta abierta a las aportaciones de las diferentes formaciones y que busca el mayor consenso político posible. Navarra tiene que seguir avanzando en la cohesión social, territorial y en el desarrollo económico, así como en la seguridad vial. Esta alternativa de financiación, con peajes exclusivamente a vehículos pesados, es una opción muy extendida en muchos países europeos, bajo los principios de ‘quien contamina paga’ y ‘quien usa paga'”, destacó el consejero.
La cifra de los 45 millones es “inicial y orientativa”, dado que depende de diferentes variables: evolución del tráfico pesado, tarifa de peaje, coste de la implantación del sistema de peaje que finalmente se seleccionase, etc. Al margen de esta propuesta de financiación, desde el Departamento de Cohesión Territorial se trabaja “activamente” en la búsqueda de ayudas, a través del Gobierno Central y de la Unión Europea, que permitan financiar el conjunto de las infraestructuras viarias.
LA EMPRESA
La sociedad pública, que estaría adscrita al Departamento de Cohesión Territorial a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, sería la encargada de gestionar las cinco vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas (A-10, autovía de la Barranca Irurtzun-Alsasua; A-15, autovía de Leitzaran Irurtzun-Andoain; N-121-A, Pamplona-Behobia; A-1, autovía del Norte Ziordia-Alsasua; y A-68, autovía del Ebro Castejón-Cortes).
La implantación de los peajes debe ser autorizada por la Unión Europea. “Se podrían ingresar hasta 45 millones de euros anuales, de carácter finalista, de los cuales en torno a 29 millones se emplearían para financiar obras urgentes en estas cinco vías y otros 16 millones se destinarían a la conservación de las mismas, así como a otros gastos de mantenimiento. A estos 45 millones de euros se sumarían otros 6 millones de euros de recaudación en IVA”, agregó el Gobierno foral.
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