Representantes de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET), la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) e Hiru celebraron este jueves una rueda de prensa, en la que anunciaron nuevas movilizaciones inminentes debido «al abandono» del Gobierno de Navarra a su sector.
«En lugar de dialogar para encontrar medidas de acompañamiento para el sector, como en la Comunidad Autónoma Vasca y otras comunidades, se mantiene una fiscalidad mayor y anuncian la imposición de peajes, mientras sufrimos unas infraestructuras en precario y sin presupuesto para su correcto mantenimiento», criticó Ignacio Orradre, secretario general de ANET. En este sentido, las tres organizaciones lamentaron que siguen esperando una respuesta del Ejecutivo foral a sus propuestas fiscales y pidieron que no se apliquen los peajes «hasta que no se haga en el resto del Estado» con el fin de que el sector pueda ser competitivo.
«Los peajes son una penalización al tejido económico y a la sociedad navarra. Desde las organizaciones nos negamos a su implantación, ya que los navarros pagamos suficientes impuestos, y el sector del transporte su parte correspondiente, para que el mantenimiento de nuestras carreteras se lleve a cabo con las cuantías necesarias en los presupuestos», indicó Orradre.
El secretario general de ANET recordó que países como Francia o Alemania fueron los principales promotores de estas medidas, básicamente porque «las flotas de otros países eran las que circulaban por sus vías»: «Solicitamos a nuestros gobernantes que valoren que la flota de transportes española es la segunda mayor de Europa detrás de la de Polonia, ya que mientras no sea así, no se darán cuenta de que se nos está fiscalizando dos veces por nuestra actividad. ¿Quizás por eso en el resto del Estado no los establecen? ¿Quizás Portugal se ha dado cuenta tarde de que no son buenos, y por eso los está quitando?».
FISCALIDAD
Ignacio Ezcurra, gerente de Tradisna, fue el encargado de trasladar las demandas de los colectivos en materia fiscal. Comenzó incidiendo en que el transporte de mercancías por carretera «es el medio de transporte que más presión impositiva soporta de todos los existentes».
Por otra parte, señaló que en Navarra genera en torno al 4,5 % del PIB, pero en impuestos aporta «en torno a un desproporcionado 7,5 % de la recaudación tributaria» regional: «Esto se debe a que el sector ya paga unos impuestos específicos a la actividad como el impuesto de hidrocarburos, peajes, ITV, certificaciones, IVA, tasas, y un largo etc. Pero, adicionalmente a estos, también abona un IRPF y un Impuesto de Sociedades, ambos competencia exclusiva de Hacienda de Navarra, que son los más altos de todo el país y comparativamente desproporcionados con el resto de los territorios del Estado, incluida la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)».
En este sentido, Ezcurra quiso ilustrar su teoría con un ejemplo concreto. «Un negocio de transporte familiar que factura 125.000 euros al año paga en Navarra cuatro veces más que en la CAV. Y, en el Estado, no pagaría nada… O dicho de otra forma, el trasportista navarro tiene que trabajar un mes más que en otras comunidades para pagar tributos a la Hacienda de Foral Navarra. Este agravio comparativo hace que el transportista navarro no pueda competir en igualdad de condiciones que en el resto de las comunidades», remarcó.
Gran parte de dicho «agravio impositivo» viene desde el año 2021, cuando Hacienda Foral de Navarra «cambió unilateralmente la tributación directa, prometiendo que en el Estado también se iban a cambiar». «Pues bien, estamos en 2025 y esa promesa sigue sin cumplirse… ¿Por qué tenemos que seguir pagando este incumplimiento los transportistas navarros?».
«Nos encontramos en un contexto de incertidumbre económica, medioambiental, energética, sin relevo generacional… Si a esto le añadimos una presión fiscal desproporcional e injusta, el futuro del sector está en entredicho y el deterioro será inminente. Si a estas incertidumbres añadimos el abandono palmario que Transportes y Hacienda están mostrando hacia el sector, nos encontramos ante una situación insostenible y que las asociaciones queremos denunciar», enfatizó.
INFRAESTRUCTURAS INSEGURAS
Alberto Núñez, responsable económico de Hiru, centró su intervención en el estado de las infraestructuras. «En lo que va de 2025, han fallecido en las carreteras navarras siete transportistas. Es una cifra intolerable para un sector que aún espera el reconocimiento de la peligrosidad y penosidad de esta profesión. La falta de inversiones en el acondicionamiento y adecuación de infraestructuras viarias redunda en el aumento exponencial de los accidentes mortales en las carreteras forales. Las vías navarras en muchos casos están obsoletas, sin las señalizaciones necesarias, con anchos de vía insuficientes, y carecen de las necesarias áreas de descanso y de servicio que la actividad del transporte de mercancías por carretera demanda», aseguró.
A este respecto, hizo hincapié en el «lamentable estado en la que están muchas infraestructuras» y en cómo «las condiciones actuales de trabajo en las que se desarrolla la actividad del transporte son también causa ignorada de la terrible cifra de transportistas fallecidos en Navarra»: «En los últimos años se ha experimentado un deterioro continuado de las mismas. La urgencia de los clientes que contratan servicios de transporte y la consiguiente presión ejercida sobre los transportistas obliga a trabajar a deshoras, a cargar con el máximo peso posible, a aceptar las ajustadas tarifas del sector con prisas y presiones de las empresas. No es casualidad que el último fallecido en Olite el pasado 29 de agosto, tras un vuelco en la A-15, y el accidente más trágico del año, con cuatro fallecidos en la N-113 a la altura de Fitero el 5 de marzo de este año, sucedieran de noche a altas horas de la madrugada. Faltan regulación e inspección suficiente sobre lo que ocurre en nuestras carreteras».
Además, advirtió de que el sector se enfrenta «a un grave problema de relevo», que se refleja en «el envejecimiento y el aumento de la edad media de los transportistas», actualmente fijada en torno a los 56 años. «El establecimiento de una edad de jubilación realista y adecuada a las duras exigencias de la profesión, la implantación de ayudas para la incorporación de nuevos transportistas y de ayudas que permitan un cese a tiempo de los que estiran su edad de retiro permitirían dignificar las condiciones laborales de los conductores y su sustitución por otros para asegurar la continuidad del sector», propuso.
