El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo a Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y cinco empresarios (entre ellos el propietario de Servinabar, Joseba Antxon Alonso), decretó este lunes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el primero de los investigados por la posible comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Cerdán compareció este lunes en el Alto Tribunal en calidad de investigado y, al término de su declaración, la Fiscalía y las acusaciones particulares solicitaron su ingreso en prisión.
Según fuentes judiciales, Cerdán negó durante su declaración el cobro de mordidas, denunció «una cacería política» por haber negociado la última investidura de Pedro Sánchez con PNV y EH Bildu, y solo respondió a las preguntas de su abogado, no así a las del juez ni a las formuladas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Este pidió el ingreso en prisión y sin fianza porque, a su juicio, «existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas». De hecho, fue la primera vez que solicitó esta medida para uno de los investigados del caso (no lo hizo ni con Ábalos ni con García).
El pasado 20 de junio, Puente dictó un auto de 46 folios en el que autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
Así mismo, se espera que entre los próximos 4 y 7 de julio presten sus declaraciones los cinco empresarios. En un auto anterior, el juez indicó que se trata de personas que, «en su condición al menos de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio».
