PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu registraron este jueves una iniciativa en el Parlamento de Navarra para crear una comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas llevadas a cabo por el Ejecutivo foral o financiadas por este entre junio de 2011, cuando aún gobernaba Yolanda Barcina, y la actualidad. Aunque también incluye la legislatura de la exlíder regionalista, la propuesta, según anunciaron, se centra en los contratos en los que hayan podido participar personas físicas o jurídicas señaladas en el marco de la presunta trama del caso Koldo-Cerdán-Ábalos, instruida por el Tribunal Supremo.
La noticia llegó veinticuatro horas después de que Ramón Alzórriz, ya ex vicesecretario general del PSN y ex portavoz parlamentario del grupo socialista, dimitiera tras admitir que su pareja trabajó de 2021 a 2024 en Servinabar, la empresa que obtuvo importantes adjudicaciones de obras públicas junto a Acciona y cuyo propietario, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presuntamente traspasó el 45 % de la firma a Santos Cerdán a través de «una escritura privada de compraventa». Una operación que la compañía, no obstante, negó este jueves a través de un comunicado.
Al mismo tiempo, la medida cambia la hoja de ruta marcada por dichas formaciones políticas, que en la Mesa y Junta de Portavoces del pasado lunes y en contra del criterio la oposición, aplazaron al pleno del 11 de septiembre el debate para la creación o no de una comisión de investigación sobre las actuaciones del Ejecutivo navarro, otras administraciones o terceras personas en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Un contrato de 76 millones de euros que recayó en la UTE formada por Acciona, Servinabar y Osés Construcciones.
«No podemos permitir que la confianza en las instituciones públicas, que es la piedra angular sobre la que se sustenta nuestro sistema democrático, se vea erosionada. La información que hemos conocido en los últimos días, que involucra a representantes políticos y empresariales en una trama de corrupción en distintos procesos de adjudicación de obras públicas, constituye un elemento de enorme preocupación que erosiona la confianza en las instituciones antes mencionadas, y que, por tanto, nos interpela a reaccionar», recoge exposición de motivos de la iniciativa, que permitirá habilitar varios días de julio y agosto para que la comisión de investigación eche andar antes de lo previsto inicialmente.
