Hasta las doce del mediodía de este miércoles, el sentir entre las asesorías navarras era de profundo malestar. Algunos profesionales del sector aseguraban que, con el proceso diseñado inicialmente para tramitar las ayudas a los autónomos, se estaban vulnerando las reglas del libre mercado.
Durante el estado de alarma provocado por el coronavirus, muchas han sido las dudas, quejas e incertidumbres que las asesorías de diferentes ámbitos como el fiscal, contable y laboral han manifestado por los continuos cambios en las normativas estatales y su escasa claridad. Y fue en medio de ese escenario cuando el Gobierno foral anunció recientemente que los autónomos tramitarían las ayudas por medio de una asesoría o entidad financiera colaboradora, en lugar de hacerlo a través de la Administración. Además, los profesionales criticaban que se les impedía cobrar por el servicio realizado.
Carolina Moreno de Gracia: «Tenían que hacer estas rectificaciones. Pero estos continuos cambios nos están mareando. No podemos estar dando bandazos».
Pero finalmente, el Ejecutivo navarro ha escuchado sus reclamaciones y ha cambiado las reglas sobre la bocina, ya que el próximo 2 de junio será el primer día para solicitar las ayudas, tanto las de 2.200 euros como las de 700-800. Así, la Administración se encargará de tramitarlas íntegramente.
Estas ayudas, destinadas a los profesionales por cuenta propia que han cesado su actividad o han mermado sus ingresos en un 30 %, aparecían recogidas en el BON 108, de 21 de mayo de 2020.
El retraso en la fecha de inicio para solicitar las ayudas, que pasó de mayo a junio, también suscitó un conflicto, igualmente subsanado por el Gobierno foral. Porque entonces, el mes que se tomaba como referencia a la hora de establecer el perjuicio económico sufrido por el profesional era mayo. Y eso perjudicaba a los autónomos, ya que abril fue su mes de menor actividad.
«Tenían que hacer estas rectificaciones. Pero estos continuos cambios nos están generando muchísima inseguridad. Nos están mareando. No podemos estar dando bandazos. Era un intervencionismo total, una imposición. No solo nos obligaban a tramitar gratis ayudas a nuestros clientes, que eso debería ser decisión nuestra, sino que dado que soy entidad colaboradora suya, debía tramitar a todo aquel autónomo que acudiera a nuestra puerta», cuestiona Carolina Moreno de Gracia, de HMG Asesores.
Según Juanjo Velazquez, de Ático Asesores, «el mal está hecho». A su juicio, las asesorías están viviendo «la tormenta perfecta».
Juanjo Velázquez Goya, de Ático Asesores, señala que «el mal está hecho» y define la actual situación como «un desmadre». Y poco antes de hacerse pública la rectificación, lo que realmente le parecía «sorprendente e indignante» era que la Administración determinara «el cobro o no cobro de un servicio profesional, despojando del criterio de decidir». Velázquez, ante la actual avalancha de trabajo propiciada por los aplazamientos de impuestos y las declaraciones de la renta no presenciales principalmente, subraya que las asesorías sufren ahora mismo una «tormenta perfecta»: «Está siendo una locura. En veinticinco años no habíamos visto nada igual, ni en los momentos de la última crisis económica…».
Por su parte, Belén Marín, de Marín y Asociados, toma las nuevas modificaciones del Ejecutivo con cautela «hasta que no estén reflejadas en el BON, debido a los continuos cambios que se están produciendo durante las últimas semanas». En este despacho también consideran que la estrategia seguida inicialmente por las autoridades navarras era «asombrosa» y una «extralimitación».
Marín recuerda que el artículo 38 de la Constitución Española garantiza el principio de libertad de empresa, desarrollado a través de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal. «La rectificación es bienvenida, pero es una muestra más de la inseguridad jurídica existente en este momento a nivel estatal y de la que parece verse contagiada Navarra. Tal vez un punto intermedio en la medida, permitiendo ambos cauces (público y privado) para la tramitación, no hubiera dado lugar a dicha inseguridad», añade.
Belén Marín: «La rectificación es bienvenida, pero es una muestra más de la inseguridad jurídica existente en este momento a nivel estatal y de la que parece verse contagiada Navarra».
EL COLEGIO
El malestar entre los profesionales durante estos días había sido enorme. De hecho, el Colegio de Economistas de Navarra también se había pronunciado. Según sus representantes, se estaban «vulnerando las reglas del libre mercado, imponiendo un precio, en este caso cero, sin ningún tipo de cobertura legal». Una «absurda imposición» que suponía cercenar las posibilidades de obtención de los «legítimos ingresos» derivados del trabajo: «Estas actuaciones no son de recibo en situaciones como la actual, en la que más que nunca hay que trabajar coordinadamente».
Al igual que Velázquez, Moreno de Gracia destaca que su volumen de trabajo «es brutal». Realiza jornadas maratonianas de doce a catorce horas diarias, de lunes a domingo. Tampoco ha podido conciliar vida laboral y familiar y siente que no se está reconociendo su labor. «Las pocas veces que se habla de ella es para decir que no hemos tramitado correctamente los datos de los trabajadores y que, por ello no, han podido cobrar los ERTE”, lamenta.
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