La presidenta de Navarra, María Chivite, compareció este miércoles en rueda de prensa tras conocerse que el propietario de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, presuntamente traspasó el 45 % de la sociedad a Santos Cerdán en 2016, según la UCO. Una operación que la compañía, no obstante, negó en redondo. «Hoy hemos conocido el vínculo societario porque era un documento privado y, como tal, no aparece en ningún acta notarial ni registro público», indicó Chivite, quien aseguró que ni ella ni el Gobierno de Navarra conocían la información publicada en las actas de los registros llevados a cabo la semana pasada por la Guardia Civil.
En estos momentos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Cámara de Comptos y una auditoría externa están analizando cuatro adjudicaciones a la UTE formada por la propia Servinabar y Acciona: la construcción de 65 VPO en Egüés y 93 VPO en Ripagaina (Nasuvinsa), la reforma del Archivo de Navarra (Departamento de Presidencia) y la adecuación de oficinas en el Navarra Arena (Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física). «Hemos añadido un contrato nuevo, correspondiente a la adjudicación del colegio público de Arbizu. Seguimos revisando todos los contratos y no descarto que puedan incorporarse más en el futuro», remarcó Chivite, quien en un primer momento cifró en una decena los contratos a revisar.
En esa línea, la presidenta afirmó que la única obra de Acciona y Servinabar que está activa en la actualidad son los túneles de Belate (por un importe de 76 millones de euros) «y ya está siendo analizada por los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra». «En todo caso, y según un primer análisis, entendemos que no tiene por qué perjudicar al desarrollo de esta obra», agregó.
Dicho esto, resaltó a continuación que el Ejecutivo foral todavía no ha recibido una notificación de la ruptura entre Acciona y Servinabar, anunciada por la primera: «No hemos tenido ninguna comunicación formal por parte de Acciona». Chivite también dijo que «no tiene recuerdo» de haber hablado con Cerdán sobre las obras de Belate y reconoció que se reunió con Servinabar «como con tantas otras empresas».
Fruto de lo ocurrido, el Ejecutivo foral se personará como acusación particular ante el Tribunal Supremo «en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra». En concreto, el motivo de la personación es «salvaguardar los intereses de la Comunidad foral ante un presunto daño patrimonial».
En paralelo, Chivite remarcó que ella «no adjudica obras». «No tengo que ver en el proceso de adjudicación. Esa responsabilidad recae sobre las mesas de contratación bajo control legal. Los altos cargos del Gobierno jamás intervienen en este proceso», defendió. En ese sentido, añadió que el anterior consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, no repitió en el cargo durante la actual legislatura por «cuestiones personales».
Como presidenta de los socialistas en Navarra, también avanzó que ha encargado una auditoría de las cuentas del PSN durante la etapa en la que Cerdán fue secretario de Organización.
VALORACIONES DE IBARROLA
Anteriormente, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, subrayó que, «si Chivite ha adjudicado la obra de la duplicación de los túneles de Belate a la empresa en la que participa Cerdán, tiene que dimitir».
«Estamos hablando de la adjudicación de la mayor obra pública de los últimos diez años, de 76 millones de euros, a la UTE en la que participaba Cerdán. El escándalo es mayúsculo y, de no ser cierto, es incomprensible que Chivite no lo haya desmentido de manera inmediata», sentenció.
