La presidenta de Navarra, María Chivite, compareció este jueves antes del pleno del Parlamento de Navarra para intentar defender «la limpieza y la honorabilidad del Gobierno y del PSN«. Así lo hizo después de que el hasta ahora vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario del grupo socialista, Ramón Alzórriz, dimitiese este miércoles de sus cargos tras reconocer públicamente que su pareja trabajó en Servinabar, la empresa navarra investigada por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una empresa cuyo propietario, Joseba Antxon Alonso, presuntamente y según la UCO traspasó el 45 % de las participaciones a Santos Cerdán en 2016 cuando este aún era secretario de Organización del PSN y parlamentario. Una operación que la compañía, no obstante, negó este jueves en redondo a través de un comunicado.
«Dije caiga quien caiga y estoy cumpliendo. Efectivamente, este ha sido el caso del compañero Ramón. Él me comunicó ayer una información que era desconocida y, por lo tanto, tiene que asumir las responsabilidades del error que ha cometido», argumentó justo antes de anunciar la celebración de una ejecutiva el próximo 20 de junio para elegir a un nuevo portavoz.
Además, insistió en que «ni Cerdán ni Alzórriz son miembros» del Gobierno de Navarra: «No mezclemos cosas. Alzórriz no ha cometido ningún delito. Ha cometido el error de no comunicar algo que podría ser relevante. Por lo tanto, no pongamos las cosas en el mismo plano, porque no lo son», se defendió.
La presidenta de Navarra se escudó también en la «triple auditoría» que está llevando a cabo el Ejecutivo foral para investigar los contratos públicos en los que Servinabar participó. «Sigo defendiendo que no hay un solo informe jurídico, de auditoría o policial que apunte a ninguna ilegalidad cometida en ninguna adjudicación, y en eso me mantengo», defendió.
En este sentido, aseguró que «no hay argumentos para dimitir», mientras que «sí hay unos presupuestos y un acuerdo de Gobierno que sacar adelante». Por último, señaló que el próximo viernes se celebrará una sesión de Gobierno extraordinaria para que el Ejecutivo foral se persone en la causa como posible parte perjudicada ante el Tribunal Supremo. Preguntada sobre por qué Alzórriz ha tardado tanto en informar sobre la relación de su pareja con Servinabar, Chivite afirmó que «es una cuestión que él debe responder».
