Ni muertas ni activas. Son las llamadas empresas zombis, también denominadas ‘con el síndrome de la Bella Durmiente’. Es decir, compañías improductivas y no viables, pero que no desaparecen. ‘Muertos vivientes’ que se mantienen gracias a la respiración asistida de bancos y ayudas, pero potencialmente perjudiciales para la recuperación económica por los recursos del erario público que consumen.
A cierre de 2018, el Banco de España calculaba que el 8 % de las compañías españolas entraban en esta categoría. Antes de la pandemia, el porcentaje ya rondaba el 10%, uno de los más altos de Europa. Y se estima que, con la irrupción del Covid-19, su número se ha incrementado. En Italia y en España, el peso de las empresas zombi se ha triplicado según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el BIS, Banco de Pagos Internacionales estima que un 14% de las compañías cotizadas en España son así.
En cuanto a Navarra, el regulador español no tiene por el momento datos oficiales. Eso sí, en junio ya había un 39 % de empresas con rentabilidad negativa y, en consecuencia, en riesgo de convertirse en zombis.
En estos momentos, la verdadera dificultad reside en diferenciar cuáles están atravesando un bache coyuntural, saldrán de esa anestesia y podrán ser viables cuando pase la crisis, y cuáles se encuentran en un estado crítico irreparable y suponen un continuo coste a las arcas públicas. Entre estas últimas, muchas están recibiendo liquidez de las administraciones públicas durante la pandemia.
Por eso, el diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, lanzó una advertencia sobre este problema recientemente, en una entrevista concedida a NavarraCapital.es: “El Gobierno no puede mantener ‘sine die’ las ayudas a empresas que no sean en sí mismas rentables en una situación de normalidad. No puede dar oxígeno a quien no respira. Una economía no se puede mantener artificialmente durante un año con medidas excepcionales”.
Izaskun Goñi: “No nos ha llegado, ni directamente ni a través de los agentes sociales, el hecho de que se esté dando una situación de mantenimiento artificial”.
Izaskun Goñi, directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo en el Gobierno foral, se muestra preocupada por la viabilidad de las empresas. “Algunas tendrán dificultades para continuar, pero no podemos cuantificarlas en este momento”.
No obstante, la sensación del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial es que la mayoría de las compañías “está luchando por salir adelante” y no le ha llegado, “ni directamente ni a través de los agentes sociales, el hecho de que se esté dando una situación de mantenimiento artificial”.
“De hecho, las empresas no están prorrogando de forma masiva los ERTE financiados”, apostilla. Y recuerda que todas las prácticas fraudulentas en el mundo laboral son competencia del Estado: “En todo caso, creo que estaríamos valorando un uso de fondos públicos con menor eficiencia de lo deseable, pero no me atrevería a decir que sea un uso inútil y menos fraudulento”.
A este respecto, Guillermo Dachary, director territorial-jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, ve todavía “precipitado” hablar de empresas zombis en la Comunidad foral. “Indudablemente, van a incrementarse las empresas con dificultades, las pérdidas de puestos de trabajo y asistiremos a un incremento de solicitudes de concursos en lo mercantil y ERE de extinción en lo laboral”, desgrana.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, realiza comprobaciones de “empresas insolventes con actividad, a efectos de comprobar la efectiva actividad empresarial y la procedencia de las altas en seguridad social de los trabajadores”. De dichas inspecciones se derivan dos tipos de acciones: si no hay actividad, propuestas de baja de oficio de trabajadores, que indebidamente figuran de alta; y si subsiste la actividad, “se insta a la regularización de la deuda que acumula la empresa”.
Sin embargo, Dachary afirma que esta “no es una actuación preferente en estos momentos”, puesto que las acciones inspectoras se están centrando, además de atender las denuncias que se presentan, “en el control de la implantación de las medidas sanitarias Covid-19 en los centros de trabajo, en la emisión de informes técnicos y el control de las prestaciones de ERTE”.
Guillermo Dachary (Inspección de Trabajo): “Nuestra actuación preferente en estos momentos es controlar la implantación de las medidas sanitarias y el control de las prestaciones de ERTE”.
MEDIR LA SOLVENCIA
Precisamente, algunos analistas económicos están pidiendo que las entidades financieras hagan un control más exhaustivo a las compañías de riesgo a la hora de aprobar préstamos y créditos, dadas las dificultades por parte de la administración para medir la solvencia de las empresas.
Desde varias de estas entidades subrayan a NavarraCapital.es que ya llevan a cabo un análisis de riesgos antes de concederlos o renovarlos, pero dichas tareas de control no entran dentro de sus funciones ni tampoco comunicar a la administración la identidad de las empresas inviables.
José Sevilla, consejero delegado de Bankia, ya aventuró hace poco que la morosidad va a tender a crecer, aunque resulta difícil hacer predicciones exactas debido a algunos elementos paliativos: “Me refiero, por ejemplo, a los ERTE, al mantenimiento de las rentas de los empleados, a la liquidez abundante a las pymes gracias a los avales del ICO… Todo esto va a mitigar la situación, va a reducir el ratio de morosidad en comparación a unas condiciones normales, pero no podemos hacer un cálculo concreto de cuánto supondrá”.
José Sevilla (Bankia): “Necesitamos mejorar la ley concursal y dar salidas rápidas a las empresas que no vayan a ser viables”.
No obstante, Sevilla hizo hincapié en que las ayudas tienen un límite y lo normal es que ese proceso de estímulos de la economía se vaya retirando. “La siguiente reflexión que tendremos que hacer es sobre la solvencia de las empresas. Esta primera fase de estímulos nos está ayudando a paliar algo que fue un problema importante en la anterior crisis: la falta de liquidez. Esta vez no ha ocurrido así”, señaló. Según Sevilla, hay que apostar decididamente por las compañías viables y distinguirlas de las que “lamentablemente” no lo van a ser. Y eso significa también “agilizar los mecanismos de resolución de las empresas”. “Necesitamos mejorar la ley concursal y dar salidas rápidas a las que no vayan a ser viables. La buena noticia es que capital privado existe. España ha sido un magnífico ejemplo de atracción de capital privado en los últimos años para proyectos rentables”.
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