Sernauto y los clústeres de automoción de Navarra (ACAN), País Vasco (ACICAE), La Rioja (AEiRioja), Comunidad Valenciana (AVIA), Aragón (CAAR), Galicia (CEAGA), Cataluña (CIAC), Cantabria (GIRA), Castilla y León (FACYL) y Madrid (MCA) publicaron este lunes un comunicado, en el que dejaron constancia de que los proveedores del sector se encuentran en una situación “de alta incertidumbre” fruto de la crisis propiciada por el coronavirus, en la que deben “abordar y gestionar los temas que van surgiendo día a día”. Por ese motivo, han creado comités de crisis para hacer “un seguimiento diario y así poder apoyar a nuestros asociados ante un descenso drástico de su actividad”.
El sector de proveedores de automoción engloba en España a más de un millar de empresas “muy diversas, tanto en tamaño y origen como en productos y mercados”. En 2018, el sector facturó 37.170 millones de euros y dio empleo de forma directa a 230.000 personas e indirecta a 142.800 personas en toda la geografía española. Es un empleo “estable y de calidad, por el dinamismo y carácter innovador del sector de automoción”.
En este sentido, los proveedores de automoción señalaron que son “los primeros interesados” en mantener el empleo en sus fábricas, clave para “no perder la alta actividad productiva y competitividad” conseguida en un entorno global. Y, por eso, consideran fundamental que las solicitudes de ERTE de fuerza mayor “se pueda fundamentar de forma clara y uniforme” en todas las comunidades autónomas y bajo el mismo criterio.
Al cierre de las plantas de los fabricantes, que son “sus clientes finales”, se suma el “descenso drástico de la actividad en el suministro de componentes”.
“Solicitamos al Gobierno que los ERTE por fuerza mayor de los proveedores de automoción sean aceptados en vista al cierre que han sufrido sus clientes finales, las plantas de fabricación de automóviles, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, donde han parado su actividad debido a las roturas de ‘stock’ que ha provocado la interrupción de la cadena de suministro, indicaron.
A este problema se suma “un descenso drástico de la actividad en el suministro de componentes en el mercado de recambio”, donde el impacto de la crisis en la actividad de los talleres ha supuesto una caída “del 95 %” desde la entrada en vigor del estado de alarma: “Hay que recordar que, hasta que concluya el estado de alarma, la actividad de los talleres se ciñe exclusivamente a servicios de urgente necesidad”.
EL ESCENARIO SIN ERTE
Por eso, subrayaron que, para preservar “la unidad” de mercado, debería contarse con un criterio único a la hora de interpretar el Real Decreto 463/2020, así como agilizar la tramitación de los expedientes de forma “urgente”, reduciendo la carga administrativa que conllevan dada la excepcionalidad de la situación.
“La no aprobación de los ERTE de fuerza mayor puede provocar una gran pérdida tanto económica como de empleo en las empresas de automoción, un sector que es fundamental para la economía y la sociedad españolas, ya que representa el 10 % del PIB y el 9 % de la población activa, con un elevado efecto multiplicador y con un claro carácter tractor, exportador, innovador e integrador”, concluyeron.
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