La concienciación ambiental se ha extendido de tal modo que ha llegado incluso a afectar a la denominación de los organismos encargados de regular nuestra relación con el entorno. Los antiguos ministerios o departamentos de medio ambiente han cedido su espacio a nuevas entidades, vinculadas a la transición energética y la descarbonización. A esa nueva concienciación hay que sumar, además, el diseño e impulso de normativas, estrategias, programas y planes, como el que pretende reducir las emisiones en Navarra respecto a las de 2005 en un 45 % de aquí a 2030. En ese escenario, la región presenta dos grandes novedades legislativas, antes las que el tejido productivo local “debería estar especialmente atento”, señala Juan Torres Zalba, asociado y director del equipo de Medio Ambiente de ARPA Abogados Consultores.
La primera de esas nuevas normativas, la denominada Ley Foral de Actividades con Incidencia Medioambiental, se encuentra en plena tramitación parlamentaria. Para Torres, su aspecto más positivo es que busca dar respuesta a una de las principales preocupaciones del empresariado: los plazos en la obtención de las autorizaciones y licencias medioambientales. Efectivamente, Torres reconoce en el espíritu de esta futura normativa “un deseo por parte de la Administración de agilizar y unificar criterios para facilitar todo el proceso”.
Torres sugiere a la industria que se prepare sobre novedades legislativas y tendencias medioambientales.
Le preguntamos si ese deseo podrá ser compatible con el interés de la Comunidad foral por incrementar igualmente las condiciones y requisitos que se exigían hasta ahora. Ahí, el representante de ARPA recomienda a la industria “estar muy encima, conocer y prepararse ante las novedades” que incluye la legislación y que, grosso modo, son tres. La primera, el intento de simplificación de procedimientos. En el nuevo articulado, “se busca más claridad, agilidad y homogeneidad frente a la ley de 2005, que ahora se pretende sustituir con esta legislación…. Ya veremos si, al final, se consigue”.
«Para ganar en seguridad jurídica, Navarra se remite prácticamente en bloque a la normativa estatal en Autorizaciones Ambientales».
La segunda, una jerarquización en la intervención administrativa, puesto que se reduce el papel e intervención de los ayuntamientos a aquellas actividades de menor relevancia ambiental, lo que tiene lógica “puesto que carecen normalmente de capacidad para gestionarlo”.
Y, además, “para ganar en seguridad jurídica y evitar duplicidades, Navarra se remite prácticamente en bloque a la normativa estatal en materia de Autorizaciones Ambientales Integradas y Evaluación de Impacto Ambiental que, de este modo, será la que se aplique para la tramitación de autorizaciones”.
CAMBIO CLIMÁTICO Y EMISIONES NEUTRAS
Junto a esta ley, Torres también destaca otra normativa a la que habría que seguir la pista. Se trata de la Ley Foral del Cambio Climático y la Transición de Modelo Energético, cuya redacción comenzó recientemente y de la que se dispone ya de un anteproyecto: “Estará condicionada en gran medida a la ley que, sobre esta misma materia, tiene previsto desarrollar este año el Gobierno de España”. Por eso, entiende que “en la tramitación posterior, es muy probable que Navarra mire de reojo para ver qué hacen y cómo lo hacen”.
El desarrollo de la Ley Foral del Cambio Climático estará condicionada en gran medida a la ley que, sobre esta misma materia, tiene previsto impulsar el Estado.
De entrada, la propuesta foral gira sobre tres ejes fundamentales. El primero es el fomento de diversas medidas que combatan, desde la región, las causas del calentamiento global en línea con lo ya previsto en la estrategia navarra frente al cambio climático.
Por otro lado, la promoción de una economía navarra baja en carbono, tanto por la mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos como por la progresiva sustitución de los carburantes de origen fósil en favor de las renovables. Finalmente, se va a incentivar la participación de la sociedad con la creación de foros ciudadanos y comités de expertos para asesorar al Parlamento y al Gobierno de Navarra. Ahí, según Torres, “las empresas deberían estar presentes y hacer oír su voz”. Porque la industria «también debe dar a conocer a una sociedad, cada vez más interesada y concienciada por estos temas, todo lo bueno que ha hecho y hace en materia medioambiental”.
Desde ARPA invitan a que todos los agentes implicados en esta adaptación «vayan a una».
Planteamos a Torres si con tanta nueva legislación y las tendencias de disminución de emisiones, la Comunidad foral no corre el riesgo de perder capacidad competitiva ante otros territorios con gobiernos menos concienciados o con una normativa más laxa. “Para que esto no ocurra, se necesita que en un perspectiva internacional y nacional todos vayamos a una en materia de medio ambiente, que todos los agentes compartamos un mismo objetivo y se actúe con proporcionalidad, equilibrio y seguridad jurídica. En caso contrario, se producirán diferentes tratos y criterios entre regiones y países que serán difícilmente entendibles por los sectores productivos, con el consiguiente riesgo de deslocalización y disminución de las inversiones”, responde.
«Al final, solo podrán sobrevivir aquellos que respeten y se adapten a esta nueva realidad. La cuestión clave es el tiempo que se dé para la adaptación».
En concreto, resume su análisis con una frase sencilla y breve: “Medio Ambiente, sí, pero adaptativo y equilibrado”. El motivo: “Los cambios en los procesos productivos no se pueden hacer de hoy para mañana y requieren tiempo e importantísimos niveles de inversión e investigación”. En todo caso, subraya que se trata de una adaptación que “afectará notablemente a todo el mundo: industria, sector primario, transporte…”. De modo que, “al final, solo podrán sobrevivir aquellos que respeten y se adapten a esta nueva realidad. La cuestión clave es el tiempo que se dé para la adaptación y los criterios comunes a nivel internacional y nacional«, remata.
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