El pleno del Parlamento aprobó este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y no adscrita, la modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. El nuevo texto, impulsado por los socios de gobierno, busca según sus promotores «reforzar la estabilidad y permanencia de la protección pública para, preservando un parque residencial ajeno a dinámicas especulativas, garantizar de manera efectiva el acceso a una vivienda digna y asequible».
En este sentido, se elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos veintiún años desde su calificación definitiva. Además, se extenderá la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible, cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley y con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.
Del mismo modo y a resultas de una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto, se agregó un nuevo párrafo para reservar a las administraciones públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas).
Esta caución, avalada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, se ciñe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca «la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos».
En este sentido, UPN, PPN y no adscrita se abstuvieron. Todo ello, según se insiste en la exposición de motivos, con el fin de evitar procesos de desclasificación que minoren la función social de la vivienda protegida. En el transcurso del debate efectuado en pleno, UPN, PPN y no adscrita hablaron de «inseguridad jurídica e improvisación» para justificar su oposición a una medida que, a su parecer, «ni resuelve el problema, ni planifica, ni coordina, ni regula el sector». Un análisis que coincide a grandes rasgos con el realizado días atrás por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP).
Los proponentes, por su parte, cifraron en 108 las viviendas que perderían a corto plazo la calificación protegida, a las que habría que añadir alrededor de 1.300 en los próximos cinco años y unas 800 más, hasta un total de «2.248 para el año 2050».
