La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) volvió a insistir este jueves, a través de un comunicado, en la necesidad de cambiar los requisitos del nuevo decreto de ayudas promulgado por el Gobierno de Navarra para la percepción de subvenciones en hostelería. Si bien el aumento del plazo hasta el 20 de septiembre, un mes más, fue calificado como «positivo», la asociación advirtió de que no sucede lo mismo con el condicionado.
«Solicitamos que se atiendan nuestras demandas en este sentido y que se admitan situaciones no contempladas en el actual decreto, por el cual solo el 44 % de las empresas puede optar a una ayuda, lo que tampoco garantiza que la percibirán», indicó. Con todo esto, el colectivo auguró que la situación llevará nuevamente a «no agotar la partida destinada a indemnizar a cientos de empresas que han tenido que cerrar o restringir sus aforos de manera considerable, con el consiguiente perjuicio económico».
La convocatoria, según Anapeh, deja fuera aquellas empresas que tuvieron un resultado económico negativo en el IRPF de 2019 o una base imponible negativa en el impuesto de sociedades, «bien por circunstancias extraordinarias o porque iniciaron la actividad en 2018 y no disponen de un resultado positivo». Tampoco tiene en cuenta otras cuestiones «como el equilibrio patrimonial, las inversiones o las amortizaciones, como han hecho en otras comunidades autónomas». Deja fuera igualmente «a todos aquellos que no alcanzan una reducción de al menos el 30 % en su volumen de operaciones con respecto a 2019».
«El 13 % de nuestras empresas, que son de nueva creación (2018 o 2019), no optan a la ayuda».
«Y tampoco optan a la ayuda quienes no puedan acreditar deuda pendiente aunque la tengan, porque hayan hecho frente a las pérdidas bien con recursos propios, ahorros de toda una vida, aportaciones de socios o ayuda de familiares. Es decir, sin llegar a acogerse a un crédito o los que contaban con un préstamo anterior al 1 de marzo y les alcanzó la pandemia sin haber tenido tiempo suficiente para amortizarlo. Esto se debe a que el crédito pendiente no se admite como deuda en la convocatoria de ayudas», analizó la asociación.
Todo esto, traducido en cifras, significa que «el 13 % de nuestras empresas, que son de nueva creación (2018 o 2019), no optan a la ayuda». Además, la entidad aseguró que «el 34 % de las empresas, que tuvieron un resultado económico negativo en el 2019 o no pueden acreditar una reducción de al menos el 30 % de su facturación con respecto al 2019, tampoco las recibirán». Y ocurriría lo mismo con un 9 % más de compañías «que no pueden acreditar deudas pendientes, bien porque acudieron a recursos propios o bien porque solventaron la situación con créditos familiares o no financieros».
UN CASO CONCRETO
Desde Anapeh, analizaron el caso real de una empresa cuyo volumen de operaciones en 2019 fue de 709.300 y en 2020 alcanzó la cifra de 300.443, con una caída en su facturación anual del 57,64 %. «Con un máximo de diez empleados, le correspondería una ayuda de 78.426 euros y, superando la decena, una ayuda de 39.213», explicaron según el condicionado del decreto. El número de personas empleadas determina el porcentaje de la subvención a percibir, tomando como dato de referencia el número de perceptores de rendimientos de trabajo que figuran en el modelo informativo 190, que las empresas presentan anualmente a Hacienda.
En el caso de este negocio, el número de trabajadores que figuran en el 190 del año 2020 es dieciséis personas, siendo su promedio de plantilla anual de 7,09 personas porque la hostelería es un sector «con alta temporalidad y de jornadas parciales». «Pero el impreso 190 lo que hace es relacionar las empresas perceptoras de rentas, no sus jornadas ni el periodo de tiempo contratado», incidieron.
Con estos datos, la empresa, que acudió a un crédito ICO a principios de la pandemia, solo percibirá una ayuda de 30.000 euros, que es lo que puede acreditar de deuda con el préstamo ICO solicitado: «Este caso es de una empresa susceptible de recibir ayudas, que quedará claramente perjudicada, aunque en menor medida que las empresas que ni siquiera van a poder optar».
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