Necesitó hacer cirugía política de precisión. Pero el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, sacó adelante el paquete de medidas fiscales con el que pretende estimular al tejido empresarial y hacer “justicia económica y social”. Un conjunto de iniciativas impulsadas por el PSN y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, entre las que destacan la nueva Ley Foral de Modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, que conlleva la supresión del impuesto a los bienes y derechos afectos a actividades económicas empresariales, así como a las participaciones en entidades que cumplan determinados requisitos; la deflactación del IRPF, fijada en el 2 %; y las deducciones fiscales a quienes percibieron prestaciones por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018.
Navarra Suma se abstuvo en las tres votaciones sobre las medidas fiscales.
El Ejecutivo foral dio así cumplimiento a una antigua reivindicación de los empresarios, especialmente de la Asociación Navarra para el Desarrollo de la Empresa Familiar (ADEFAN). Su objetivo: equiparar la legislación navarra «a lo establecido en las normativas forales del País Vasco y del Estado”. Y para lograrlo, necesitó la abstención de Navarra Suma, ya que EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E votaron en contra. Solo el PSN y Geroa Bai secundaron el texto.
Sin ningún apoyo adicional, las dos enmiendas planteadas por los regionalistas en comisión fueron desestimadas y, en consecuencia, quedaron fuera del dictamen. Tampoco prosperó la pretensión de EH Bildu de vaciar de contenido el proyecto. Y desde I-E enfatizaron su posición en torno a la “improcedencia de eliminar la tributación de buena parte de la riqueza que comporta el patrimonio de los sujetos pasivos beneficiados por esta ley”.
DEFLACTACIÓN DEL IRPF
Así mismo, el pleno aprobó la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. En este caso votaron a favor el PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, mientras que Navarra Suma, EH Bildu e I-E se abstuvieron.
La norma modifica parcialmente los gravámenes sobre la renta de las personas físicas, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; las leyes General Tributaria, de Haciendas Locales de Navarra, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, así como las que regulan el régimen fiscal de las cooperativas, el régimen tributario de las fundaciones y el de las actividades de patrocinio, mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales.
Se trata de un conjunto de medidas que, inspiradas en el “compromiso con la equidad y la lucha contra la elusión fiscal”, producirán efectos en las retenciones de IRPF de 2019 y en las declaraciones de 2020. El objetivo del Gobierno foral es “afianzar la capacidad económica como medida verdadera para distribuir las obligaciones tributarias”.
Uxue Barkos (Geroa Bai), con Mikel Buil y Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu).
La más llamativa es la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que conllevará una deflactación del 2 % aplicable a la base liquidable general. El Gobierno navarro persigue así “aligerar la carga fiscal que no se corresponda con un aumento del poder adquisitivo de los contribuyentes”. Es decir, desea “evitar que el aumento de la renta que tenga su origen en la inflación, y que por lo tanto no supone un aumento del poder adquisitivo, derive en un incremento de la tributación”.
DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Y por último, también prosperó la Ley Foral de Modificación Parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuyo artículo único se planteaba una nueva deducción por prestaciones públicas de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018, aplicable solo en 2020. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E apoyaron la iniciativa, mientras que Navarra Suma volvió a abstenerse.
Ramón Alzórriz, secretario de Organización del PSN,.
La formación regionalista había planteado sin éxito en comisión la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad, en este caso “a partir del 1 de enero de 2020”. Sin ningún apoyo extra, defendió el establecimiento de una exoneración a futuro, “independientemente de que la solución dada a los períodos anteriores pueda ser una deducción específica en la declaración del ejercicio correspondiente a 2020”.
Descartada la propuesta, la deducción por prestaciones de maternidad y maternidad percibidas entre 2015 y 2018 se aplicará sobre la cuota diferencial del impuesto, tal y como se recogía en el proyecto de ley. Así, en función de los ingresos, el recargo puede ser devuelto parcial o íntegramente, circunstancia que se dará en los casos en que la cuota diferencial del IRPF correspondiente a 2020 sea cero o negativa.
En cualquier caso, la deducción será el resultado de aplicar el porcentaje del 25 % sobre las prestaciones percibidas por las personas cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen los 30.000 euros. Dicho porcentaje se va reduciendo a medida que se incrementan las rentas, llegando a cero para las superiores a 105.000 euros.
Bakartxo Ruiz, de EH Bildu.
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