El Parlamento de Navarra aprobó este martes por unanimidad, en sesión plenaria, la convalidación del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban las nuevas medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis del coronavirus. Se trata del tercer paquete de medidas que secunda la Cámara desde que comenzara la pandemia.
El texto presta especial atención a las nuevas ayudas para el colectivo de los autónomos, conformado por 47.000 personas en Navarra. El 3 de abril, los votos de Navarra Suma y EH Bildu permitieron aprobar un único pago de 650 euros para quienes han visto reducida su facturación un 30 %, por un montante global de 20 millones de euros.
Intervención de María Chivite en el pleno de este martes.
Pero la semana pasada, el Gobierno foral acordó, con el respaldo de todos los partidos, subir esa cuantía hasta una cifra de entre 700 y 800 euros. Y quienes ya han obtenido el cese de actividad, unos 10.000 de los 47.000 autónomos de la región, podrán solicitar un pago único de 2.200 euros si cumplen varios requisitos. El importe final, por tanto, “triplicará” al apuntado inicialmente por Navarra Suma y EH Bildu, según detalló el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz (hasta ahora no había trascendido la cuantía exacta). Es decir, rondará los 60 millones de euros.
Chivite también alertó de que “algunas empresas” han intentado “hacer negocio”, ofreciendo realizar test de coronavirus “sin estar autorizadas ni acreditadas”.
Durante su turno de réplica y en clara alusión a regionalistas y abertzales, la presidenta de Navarra, María Chivite, señaló que el Gobierno foral ya “informó que estaba trabajando en el tema de la protección de los autónomos, pero algunos prefirieron anticiparse”.
También anunció un Decreto-Ley Foral para la próxima semana, en el que se recogerán algunas puntualizaciones a este respecto, de modo que se dará cabida al colectivo agrario de autónomos, se cambiará el concepto de ingresos por el de rendimientos y se introducirá agilidad en la gestión. Y, en otro orden de cosas, denunció que “algunas empresas han intentado hacer negocio, ofreciendo realizar test de coronavirus sin estar autorizadas ni acreditadas por el Instituto de Salud Carlos III”. Un asunto espinoso, “que algún problema nos está acarreando” (poco después, la consejera de Salud, Santos Induráin, puntualizó que los centros tecnológicos y de investigación que no contaban con acreditación oficial del Ministerio de Sanidad para llevar cabo diagnósticos “ya la tienen”).
RECHAZADAS LAS PROPUESTAS DE NAVARRA SUMA
Navarra Suma quiso introducir varias enmiendas, de modo que solicitó tramitar el documento como proyecto de ley, “igual que los otros dos decretos-leyes anteriores”. Pero su iniciativa no salió adelante, ya que no contó con el respaldo de ningún partido. Por un lado, la coalición planteó que agricultores y ganaderos puedan acceder a un conjunto extra de avales u otras garantías análogas de entidades públicas, por valor de 5 millones de euros. También propuso, entre otras iniciativas, ayudas de hasta 542 euros mensuales para personas mayores y con discapacidad que se encuentren en el domicilio de sus familias por estar cerrados los servicios de centro de día o centros ocupacionales o porque, habiendo estado ingresadas en una residencia en el momento de decretarse el estado de alarma, hubieran salido de estas por decisión propia o de sus familias.
Chivite justificó su voto contrario porque las empresas del sector agroalimentario “pueden solicitar los avales a través de Elkargi y Sonagar”, dentro del convenio firmado con Sodena. Y porque, igualmente, “ya se pueden pedir ayudas” como las esbozadas por los regionalistas para la dependencia. “En el primer decreto se dijo que (los afectados) podían contratar a cuidadores. Esto ya está hecho. No sé qué entiende el señor Esparza por lealtad. ¿La que después de haber cerrado un acuerdo con el Gobierno ahora lo quiere modificar? ¿Esa es la lealtad que usted predica?”, argumentó.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
Javier Esparza (Navarra Suma) subrayó que “el trabajo autónomo tiene que volver a ser protagonista y las ayudas directas son las que mejor se adaptan a la amplísima casuística que se da en un grupo tan heterogéneo como este”. Por eso, remarcó que su grupo trató de cubrir ese vacío con una enmienda de 20 millones “que se criticó, hasta el punto de intentar evitar su tramitación”.
Javier Esparza: “Se decía que los medios eran finitos, que no había acomodo presupuestario. Era una excusa”.
“Se decía que los medios eran finitos, que no había acomodo presupuestario. Era una excusa, había dinero, el problema era que la propuesta no la firmaba ni el Ejecutivo, ni el PSN ni Geroa Bai. Bienvenida la rectificación, porque esta vez sí ha habido consenso. Este es el camino”, resaltó.
Además y en la línea de lo que ya manifestaron los hosteleros, Esparza añadió que “se podía haber sido más flexible y habrá que serlo en el futuro”, porque “habrá pérdidas de empleo inevitables y, si están justificadas, no deberían penalizar a la hora de mantener las ayudas”.
Esparza reivindicó las ayudas aprobadas el pasado 3 de abril junto a EH Bildu.
Ramón Alzórriz (PSN) se congratuló de la “nueva actitud de Navarra Suma, nada que ver con la que mantuvo en 2008, con despidos y desahucios que hoy no se dan porque hay gobiernos diferentes con prioridades distintas”. En ese sentido, subrayó que “debatir y acordar para vencer al virus sin que nadie se quede atrás” es lo que demanda la ciudadanía.
Ramón Alzórriz: “Estas ayudas, que triplican las que trajo Navarra Suma, suponen un esfuerzo muy importante, pero es la manera de aportar liquidez y estabilidad”.
“Poner en el centro a las personas, rebajar la incertidumbre y el miedo con medidas económicas y sociales tendentes a la reconstrucción de nuestro estado de bienestar es el objetivo. Hay que evitar que la brecha económica se convierta en un pozo sin fondo que comprometa el futuro de nuestra tierra. Estas ayudas, que triplican las que trajo Navarra Suma, suponen un esfuerzo muy importante, pero es la manera de aportar liquidez y estabilidad al sistema productivo y a sus trabajadores”, concluyó.
Así mismo, María Solana (Geroa Bai) resaltó que la propuesta del Gobierno “mejora, con mucho”, la aportación inicial de Navarra Suma. No en vano, “se abre a otro público objetivo, a los autónomos más afectados, a los que han debido cesar en su actividad”. “No se puede venir aquí con una propuesta con ángulos muertos, que no resuelve. Habrá que reajustar, pero no porque a la norma le falte flexibilidad. Lo importante ahora es saber dónde estamos para evitar dar pasos en falso. Hemos avanzado mucho, pero hay aún mucha incertidumbre y eso exige decisiones compartidas, consenso”, remató.
Ramón Alzórriz desglosó que la partida final “triplicará” a la aprobada por regionalistas y abertzales.
En su intervención, Adolfo Araiz (EH Bildu) recordó que el “diálogo y el acuerdo” inherente a este Decreto Ley Foral no fue posible en el curso del debate que acompañó la conversión en Ley de los dos decretos anteriores. En aquel pleno del 3 de abril, “PSN y Geroa Bai hablaron de gasto desaforado, de inoportunidad, de tensiones de tesorería”. Pero resulta que “el contenido de las medidas económicas que aprobamos hoy superan, en mucho, el de aquellas enmiendas de Navarra Suma y EH Bildu”.
Araiz hizo hincapié en que su grupo fue “el único” que voto a favor de dos enmiendas, que abarcaban a todo el conjunto de los autónomos. Y, además, dio unas cifras similares a las facilitadas por Alzórriz: “Hoy ya no van a ser 20 millones, van a ser los que hagan falta y nos alegramos. Según nuestros cálculos, solo para el colectivo que ha cesado su actividad estaríamos hablando de unos 51 millones“.
Araiz cifró en 51 millones la ayuda para los autónomos que han cesado su actividad.
Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) mostró su “respeto por la labor de fiscalización de la oposición” y destacó la “aportación a la reconstrucción económica y social” que encierra este tercer paquete de medidas. “La de los autónomos, más allá de los protagonismos, es una gran medida, complementaria a la del Estado. La novedad, lo sobresaliente en este caso, es el consenso. Estamos ante un camino social de largo recorrido, en el que confluye el conjunto de la ciudadanía. La burocracia no puede ser un obstáculo a esta vocación de protección que hemos desarrollado. Estamos de acuerdo en no salir de esta crisis desregulando condiciones laborales, incentivando la ley del más fuerte”, valoró.
Y, finalmente, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) aludió a la “claridad” de la exposición de motivos para constatar los “efectos devastadores” de una crisis que “requiere actuar frente a la amenaza de descomposición del tejido sanitario, económico, social y laboral”. Por eso, mostró su preocupación sobre la protección y financiación del tejido productivo, “porque el objetivo debe ser que nadie se quede atrás”: “Es fundamental que las administraciones públicas sean rápidas y eficientes en sus respuestas, también en lo tocante a la regulación de las donaciones. La coordinación de las acciones preventivas ante la enfermedad resulta básico. El futuro, en cualquier caso, pasa construir un modelo alternativo al que nos ha traído hasta aquí”.
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