El Gobierno de Navarra anunció oficialmente este miércoles que implantará peajes en la N-121-A como medida una disuasoria encaminada a «modular el tráfico pesado en dicha carretera». Poco antes de hacerla pública, representantes del Ejecutivo foral se reunieron con las organizaciones del sector del transporte, Tradisna y ANET para darles a conocer la decisión. Ambos colectivos mostraron su malestar ante esta medida, que consideran «disparatada y discriminatoria«.
«Ha sido una reunión meramente informativa, en la cual no hemos podido alegar nada, dado que era una medida ya impuesta. Por lo tanto, consideramos que es una medida política y populista que no obedece a ningún criterio técnico ni objetivo, sabiendo además que nuestro sector no es el responsable de la siniestralidad de esta vía», criticaron.
«Es una medida política y populista que no obedece a ningún criterio técnico ni objetivo, sabiendo además que nuestro sector no es el responsable de la siniestralidad de esta vía».
Ante esta situación, desde Tradisna y ANET emitieron un comunicado conjunto para mostrar su «rotunda oposición» a la implantación de dicho peaje: «No nos han informado ni dónde, ni cuándo, ni sobre todo cuánto nos costará. No entendemos cómo esta medida se impone sólo al tráfico pesado y no también al ligero, ya que el 72 % de los vehículos que circulan por la N-121-A son turismos».
En ambos colectivos consideran que la decisión afectará en mayor medida a las empresas y autónomos navarros. Y lanzaron una pregunta al aire: «Para cobrar al transporte pesado que viene de fuera de Navarra, van a perjudicar a todo el sector de la Comunidad Foral. ¿Y qué pasa con aquel transportista de la zona? Esta medida puede tener consecuencias legales importantes, como está ocurriendo con los peajes de la NI en Guipúzcoa».
«Los supermercados, las materias primas necesarias para la industria y los productos terminados necesitan de nuestra actividad».
En este sentido, insistieron en que el sector del transporte ya está aportando «lo suficiente» a las arcas forales vía impuestos, con más de 250 millones de euros.
«No hay que olvidar lo estratégico de nuestra actividad, sobre todo en estos días ante la situación de emergencia social que estamos viviendo por el covid-19. Tanto los supermercados como las materias primas necesarias para la industria y los productos terminados necesitan de nuestra actividad. Somos imprescindibles y medidas como esta dificultan nuestra actividad y el desarrollo económico de Navarra», valoraron.
EL VERDADERO PROBLEMA
Así, subrayaron que «el verdadero foco del problema» en la N-121-A se encuentra «en la velocidad inadecuada, el consumo de alcohol y drogas y en la ansiedad por adelantar indebidamente» al vehículo pesado para llegar unos minutos antes al destino. Por todo ello, reclamaron a los agentes políticos la adopción de un “pacto navarro” para hacer frente a este reto. «Este problema debe ser acometido con los Presupuestos de Navarra con un acuerdo de partidos políticos para tener compromisos superiores a una legislatura. Una planificación estratégica y definitiva es la única solución», concluyeron.
