El temor a un ERE de extinción vuelve a planear sobre la planta de Kybse en Ororbia. En concreto, sobre el personal de oficinas. Ese es uno de los principales escollos de las negociaciones que mantienen en estos momentos la firma y el comité de empresa, que cuenta con diez delegados de LAB, cinco de UGT, dos de CCOO, dos de ELA, uno de Solidari y otro de CCP (Confederación de Cuadros y Profesionales).
El pasado 17 de enero, tal y como adelantó este medio, la Dirección decidió retirar el Expediente de Regulación de Empleo para despedir a 103 de las 808 personas que trabajan en la fábrica. La propuesta inicial de la compañía implicaba prescindir de 55 trabajadores en talleres (mano de obra directa -MOD-) y de 48 en oficinas (mano de obra indirecta -MOI-). A partir de ese instante, los representantes de la empresa y los delegados sindicales iniciaron las correspondientes conversaciones para diseñar y aplicar un plan de ajuste de la plantilla, centrado principalmente en bajas voluntarias incentivadas y prejubilaciones de cara a los años 2021 y 2022.
«La empresa considera innegociable el número del ajuste para MOI: 48 personas / 25 % de reducción. Si las medidas paliativas de prejubilaciones y recolocaciones en taller no consiguen el objetivo marcado por la compañía, (esta) abrirá un ERE exclusivo para administrativos y técnicos», anunció CCP a sus afiliados tras la reunión mantenida el pasado lunes entre la Dirección y los representantes de la plantilla, que generó un reguero de consultas por parte de esta.
La compañía ha activado una evaluación individual de competencias al personal de oficinas, teóricamente para que las decisiones se tomen «con criterios objetivos y se eliminen los riesgos de arbitrariedades».
Hasta la fecha, treinta trabajadores de talleres ya se hayan adherido al plan de ajuste. Las bajas incentivadas y las prejubilaciones incluyen una indemnización máxima de 70.000 euros, mientras que la firma también contempla salidas con reingreso en el plazo de un año (8.500 euros de indemnización máxima por ejercicio). Pero en las oficinas no se han producido los mismos avances. Es más, nadie se ha sumado por ahora. «En palabras de la empresa, no es un problema de falta de carga de trabajo en MOI, sino de costes», añadió CCP.
Por eso, la compañía ha activado una evaluación individual de competencias al personal de oficinas, a través de diferentes responsables y directores de departamento. El objetivo, según trasladó a los delegados sindicales, es que las decisiones se tomen «con criterios objetivos y se eliminen los riesgos de arbitrariedades».
Este jueves, el comité se reunirá de nuevo con los responsables de la compañía para abordar las prejubilaciones en MOD y MOI, así como las recolocaciones en taller de parte del personal que actualmente desarrolla funciones administrativas o técnicas. Tampoco se descarta que, en 2022, «algunos trabajadores más deban abandonar la fábrica».
RECORTE SALARIAL
Por otro lado, la Dirección quiere reducir «entre un 10 y un 15 %» el gasto salarial a partir de 2023, una medida que cree necesaria para ganar en competitividad y «poder optar a nuevos proyectos». En este sentido, distintas fuentes añadieron a NavarraCapital.es que la compañía ha lanzado una «inesperada petición» al comité: que le presente «una propuesta sobre cómo llevar a cabo dicho recorte».
La reducción, en caso de materializarse, no solo se extendería a los salarios. Según explicaron los responsables de la firma en un documento remitido a los representantes de los empleados, se aplicaría «a todas y cada una de las líneas, sin excepción». Es decir, a los «materiales y componentes, la mano de obra, los gastos de operaciones y los de servicios». Por eso, desea contar con un estudio pormenorizado de gastos y costes.
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