El pleno del Parlamento de Navarra aprobó este jueves, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de EH Bildu, la convalidación del Decreto de Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, de medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus.
El Decreto de Ley Foral 6/2020, cuyo contenido fue presentado por el Gobierno foral el pasado 17 de junio, se enmarca en las “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” desatadas a raíz de la pandemia, coyuntura en la que se pone en marcha el que será el sexto paquete de medidas dirigidas a dar soporte al tejido productivo y social.
Entre otras medidas, se aprueba el incremento de la deducción por la contratación de personas trabajadoras en el hogar, dirigida al cuidado de descendientes, ascendientes y personas con discapacidad.
Por un lado, en materia fiscal contempla medidas en favor de la conciliación, la digitalización y la fiscalidad verde. Respecto a las primeras, ya pactadas en el seno del Consejo de Diálogo Social, se aprueba el incremento para el IRPF de 2020 de la deducción por la contratación de personas trabajadoras en el hogar, dirigida al cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas con discapacidad. De este modo, la deducción se eleva del 25 % al 100 %.
En cuanto al impulso de la digitalización y con el objetivo de apoyar la transformación digital de las pequeñas empresas y personas que desarrollen actividades empresariales y profesionales, se establece una deducción del 30 % en la cuota del impuesto sobre sociedades o, en su caso, del IRPF de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020 (destinados a la transformación digital de la empresa y a la implantación del comercio electrónico). Esta medida contempla un límite en la base de deducción situado en los 5.000 euros.
Además, en materia de fiscalidad verde, elimina el límite de deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables. Así, se establece que la deducción ya existente por inversiones en este tipo de instalaciones, tanto en impuesto sobre sociedades como en IRPF, se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25 % de la cuota líquida.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
También en materia fiscal, el Decreto Ley Foral incluye medidas en relación con la lucha contra el fraude, tales como la ampliación del plazo de publicación del listado de deudores hasta el 1 de octubre o la habilitación para regular actuaciones a través de videoconferencias en inspecciones y otros procedimientos tributarios.
En otro orden de cosas pero sin abandonar el espacio tributario, se dispone que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del impuesto sobre sociedades deberán presentar una declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento. Posteriormente, cuando sus cuentas anuales sean aprobadas, deberán presentar, en su caso, una nueva declaración, con fecha tope 30 de noviembre de 2020, que complemente la anteriormente presentada y sin aplicación de intereses de demora ni recargo por presentación extemporánea.
El texto recoge también otras cuestiones fiscales relativas al plazo para presentar las cuentas de las fundaciones; la suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo; y el seguro colectivo gratuito para personal sanitario. Esta última medida se traduce en la exención en el IRPF y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de las prestaciones percibidas por el personal sanitario por contingencias de enfermedad y fallecimiento a causa del Covid-19, derivadas del seguro colectivo gratuito suscrito para dicho colectivo por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA).
TRANSPORTE Y CULTURA
En materia de transporte, destina 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera durante la vigencia del estado de alarma. Considerados de carácter esencial, estos servicios se han venido prestando con grandes caídas de la demanda, de entorno al 95 %.
La iniciativa destina 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera.
Por otra parte, el Decreto-Ley Foral contiene una medida que reconoce la intermitencia en el desarrollo de las actividades profesionales del sector cultural. Los autónomos que no hubieran estado de alta en el IAE de Navarra, el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o en una mutualidad de previsión social en la fecha de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo o posteriormente, tendrán acceso a la ayuda de 700 u 800 euros por reducción de facturación, siempre que hubieran estado dados de alta al menos cuatro meses o 120 días en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma.
NO A LA LEY FORAL SOBRE CONCILIACIÓN
Sin embargo, Navarra Suma no logró que este jueves prosperase su propuesta para tomar en consideración una Ley Foral con medidas excepcionales de apoyo a la conciliación como consecuencia de la pandemia. En concreto, su proposición de Ley Foral únicamente contó con los votos favorables de sus parlamentarios, mientras que el resto de grupos se posicionó en contra. La iniciativa tenía por objeto “facilitar el regreso a la actividad económica” de las familias con hijos mejores de 14 años y/o con personas mayores de 65 años o con discapacidad a su cargo, “subvencionando la excedencia y la reducción de jornada (de al menos el 50 %), así como la contratación de personal cuidador, en este caso a quienes no les sea posible eludir la actividad presencial”.
Navarra Suma no logró que prosperase su propuesta para tomar en consideración una Ley Foral con medidas excepcionales de apoyo a la conciliación.
La cuantía de las ayudas consignadas ascendía a 700 euros mensuales, en el caso de la excedencia, y a 350, en el supuesto de la reducción de jornada.
Cuando la persona en excedencia estuviera contratada a tiempo parcial o la reducción de jornada fuera superior al 50 %, el importe de la ayuda se determinaría de forma proporcional. Se preveía un incremento del 10 % en las ayudas si los beneficiarios son familias monoparentales, numerosas, con víctimas de violencia de género o si el peticionario de la excedencia o reducción de la jornada fuera hombre (en el marco de matrimonio o pareja estable).
En cuanto a la contratación de cuidadores para la atención en el hogar de menores, mayores o dependientes, se preveían ayudas del 50 % del salario bruto, fijado conforme a la tabla salarial del sector, o de 5 euros por hora, hasta un máximo de 20 horas semanales.
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