Primero estalló la polémica a nivel nacional, después de que la patronal Hostelería de España afirmara que el país ha perdido ya 85.000 establecimientos y que la cifra posiblemente llegue en los próximos meses hasta los 100.000. «Cientos de miles de empresas van a reclamar al Estado. Y nosotros vamos a generar herramientas para que nadie se quede sin hacerlo«, señaló el presidente de la organización, José Luis Yzuel, a ABC. A falta de conocer al detalle el paquete de medidas que el Gobierno central aprobará este martes en apoyo al sector, este cifra en 8.500 millones de euros el dinero necesario para frenar la profunda crisis que sufren bares, restaurantes, alojamientos y distribuidores, principalmente. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no prevé conceder ayudas directas con su nuevo decreto.
Los hosteleros navarros, que valoran ya sus pérdidas en unos 450 millones de euros, también prevén sumarse a la estrategia marcada por Hostelería de España tras la fractura abierta, además, con el Gobierno de Navarra (recientemente exigieron las dimisiones de la presidenta, María Chivite, y la consejera de Salud, Santo Induráin, tras conocer que solo podrían reabrir los interiores con el 30 % del aforo). Y lo harán actuando tanto contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez como contra el foral, después de que sus demandas para contar con un plan de rescate integral no hayan prosperado hasta la fecha. Por el momento, las ayudas directas del Gobierno navarro ascienden a 20 millones de euros, una cantidad que los profesionales consideran «absolutamente insuficiente».
Según pudo confirmar NavarraCapital.es, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN) envió este lunes una circular a todas las empresas y personas asociadas para explicarles «sus derechos» ante las restricciones aplicadas por las instituciones nacionales y regionales desde que irrumpió la pandemia. La idea de la organización es presentar reclamaciones masivas de responsabilidad patrimonial en las instancias pertinentes, a través de un bufete de abogados con el que ha llegado a un acuerdo para que gestione cada una de ellas.
La AEHN entiende que sus asociados pueden reclamar tanto el daño emergente como el lucro cesante.
«La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio contempla la posibilidad de que se indemnice a aquellos que sufran las consecuencias de los actos y disposiciones adoptados durante su vigencia. También se podrá reclamar por las consecuencias derivadas de las medidas adoptadas durante las distintas fases», remarca la asociación.
El documento especifica, en términos generales, que la jurisprudencia exige ciertos requisitos para poder hablar propiamente de responsabilidad de las administraciones públicas. Por un lado, que el daño sea «efectivo, evaluable económicamente e individualizado». Además, que pueda calificarse de «antijurídico», derivado «de una actividad administrativa o inactividad de la administración». Y, por último, que el acto administrativo se erija en «causa directa y exclusiva» del perjuicio.
El plazo para interponer las respectivas demandas es de un año «desde que se produce el hecho» que origina el perjuicio: «No obstante, si los daños continúan en el tiempo será preciso un estudio para evaluar el momento en el que ha de comenzarse el cómputo».
Los responsables de la AEHN consideran que sus asociados pueden reclamar todos aquellos perjuicios ocasionados a sus negocios, entendiendo por estos tanto el daño emergente (la pérdida real, efectiva y acreditada que hayan sufrido) como el lucro cesante (el dinero que dejan de ingresar fruto de un daño o incumplimiento contractual). Eso sí, siempre que el importe pueda cuantificarse y acreditarse de manera documental.
ANTE EL GOBIERNO CENTRAL Y NAVARRO
La asociación tiene claro que las acciones se dirigirán contra el Gobierno central y el Ejecutivo navarro. «Reclamaremos los daños ante aquellas Administraciones que acordaron las medidas causantes del daño», avanza. En el caso del Estado, debido a la responsabilidad que ostenta tras haber decretado el primer estado de alarma el pasado mes de marzo, que conllevó una serie de restricciones y un plan de desescalada, vigente hasta junio. Al Gobierno de la región, por la responsabilidad asumida «una vez cesó el mando único y las competencias (para fijar limitaciones a la actividad productiva) pasaron a las comunidades autónomas».
EL PROCESO
En primer lugar, la reclamación de responsabilidad patrimonial comienza con una solicitud a la autoridad responsable, donde se detalla una relación de hechos y una cuantificación de lo solicitado. Así, la Administración tendrá «seis meses» para resolver el expediente de manera extrajudicial: «Transcurrido dicho plazo sin tener noticias de esta, deberemos entender que rechaza nuestras pretensiones, no quedando más remedio que acudir a la Justicia mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo». Por lo tanto, la primera solicitud realizada a los respectivos gobiernos será clave, ya que condicionará «lo que se pueda reclamar después en el juzgado».
LAS FICHAS
Cada hostelero interesado en acudir a esta vía deberá aportar los datos generales de su negocio; la documentación del local en materia de impuesto de sociedades (2017, 2018 y 2019), declaración de IVA (2019 y 2020), cuenta de pérdidas y ganancias de 2020 (por meses o trimestres) y facturas abonadas en concepto de «gastos necesarios» para adaptar los establecimientos a las exigencias sanitarias; y, si se diera el caso, tanto las sanciones o multas recibidas en estos meses por posibles incumplimientos de la normativa como el pertinente informe en el supuesto de que se haya detectado un brote de Covid-19 en las instalaciones.
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